El gobierno considera que es el conflicto institucional más grave desde 1978

El Gobierno considera que el Parlamento vasco, al no acatar la resolución del Tribunal Supremo para disolver el grupo Sozialista Abertzaleak, ha provocado «un conflicto institucional de gravísimas proporciones» que no se había producido «nunca desde la aprobación de la Constitución en 1978». El vicepresidente primero aseguró que a pesar de derivar la decisión a la Junta de Portavoces, el presidente de la Cámara, el nacionalista Juan María Atutxa, y el propio Parlamento estarán «fuera de la ley» y, por tanto, serán sancionados. El Ejecutivo de José María Aznar no se llevó ninguna sorpresa con la decisión de la Junta de Portavoces del Parlamento vasco de rechazar la propuesta de Atutxa para disolver el grupo heredero de la ilegalizada Batasuna. Mariano Rajoy advirtió que la consecuencia de este paso es que el presidente y la Cámara cometen un «claro delito de desobediencia» a una resolución judicial. El vicepresidente sostuvo que Atutxa tiene «una enorme responsabilidad» y no se podrá escudar para eludir la sanción penal en que la Junta de Portavoces decidió rechazar su propuesta de disolución, porque es «una argucia» para no cumplir la ley y eludir la orden del Tribunal Supremo que iba dirigida «a él», y no a otra persona u organismo de la Cámara. Esta conducta está castigada en el artículo 410 del Código Penal con multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para ejercer un cargo público de seis meses a dos años.