El Supremo replicará el jueves a la desobediencia de la Cámara vasca

El último capítulo del enfrentamiento institucional entre el Tribunal Supremo y el Parlamento vasco comenzará a escribirse el jueves próximo. Esa tarde, los 16 miembros de la Sala Especial del Supremo se reunirán para decidir si piden al fiscal general del Estado que se querelle contra el presidente de la cámara vasca, Juan María Atutxa, y los parlamentarios que se negaron a disolver el grupo de Socialistas Abertzales (SA) por un delito de desobediencia. La comisión de esta infracción penal está castigada con una multa y la inhabilitación para ocupar cargos públicos por un período de entre seis meses y dos años. El Supremo dio el miércoles pasado un ultimátum de cinco días a Atutxa y a la Mesa del Parlamento para que cumpliesen de inmediato su auto de 20 de mayo, que acordó la disolución de SA y el paso de sus siete diputados al grupo mixto, en aplicación de la sentencia de 27 de marzo que ilegalizó y suspendió todas las actividades de Batasuna, partido en cuyas listas fueron elegidos en 2001 los parlamentarios. La providencia incluía un apercibimiento a los parlamentarios y les advertía que de no cumplir la orden en el plazo fijado podía iniciarse contra ellos un procedimiento judicial por desobediencia. El plazo del ultimátum no finaliza hasta el próximo sábado, ya que la notificación oficial del requerimiento del Supremo a la Cámara vasca no se produjo hasta esta misma mañana. No obstante, la sala no considera necesario agotar el plazo máximo para tomar una decisión porque sabe extraoficialmente que antes del jueves recibirán la respuesta del Parlamento a su escrito, en la que Atutxa les comunica que la cámara autonómica, por mayoría, decidió el viernes no disolver SA, por lo que no tiene posibilidad de ejecutar su orden. Atutxa envió ayer, por correo certificado, su respuesta al Supremo, en la que detalla que la decisión soberana de la cámara, adoptada por la Junta de Portavoces, le impidió dar cumplimiento a su propuesta de que los diputados de SA pasasen al grupo mixto. El presidente le adjunta las actas de las sesiones de las reuniones de la Mesa y de la Junta de Portavoces del jueves y viernes pasado, la disposición presidencial en que permite la disolución del grupo parlamentario y el informe de los servicios jurídicos de la cámara sobre este asunto, que considera que la resolución judicial invade las competencias del Parlamento vasco. Si los 16 magistrados de la Sala Especial consideran el jueves que el Parlamento vasco ha ignorado su tajante orden de manera consciente, pueden poner los hechos en conocimiento del fiscal general del Estado y comunicarle que en su opinión puede haberse cometido un delito de desobediencia. No está claro si la comisión del delito se les achacará sólo a Atutxa y a los miembros de la Mesa de Presidencia o también a los representantes de los distintos grupos en la Junta de Portavoces, que fueron quienes rechazaron con sus votos la disolución del colectivo de parlamentarios de Batasuna.