La urbanización de los pleitos sinfin

Habla el propietario de una vivienda unifamiliar en Monteleón: «La mayoría de la gente ignoraba la situación registral y de las cargas que conllevaba la adquisición de una vivienda en este término; también la situación jurídica. Somos así; resulta que compramos una camisa y si le falta un botón pleiteamos hasta el final y adquirimos terreno para una casa y no vamos al registro de la propiedad para saber en qué invertimos». Esta es la esencia de la historia de la urbanización Monteleón, término municipal de Sariegos, conceptuada sobre 210 viviendas de chalés pareados, adosados y aislados. Desde 1991, año en el que se gestó la sociedad de gestión General de Comunidades, Genco, hasta hoy, doce años de desencuentros, de denuncias a antiguos gestores, de antiguos propietarios a propietarios actuales, de vistas orales, de visitas continuas a los juzgados, instrucción, sentencias _condenatorias y absolutorias_ plenos municipales controvertidos, reivindicación de servicios como núcleo de población. «Y todo, _insiste un propietario_ porque no nos tomamos la molestia de preguntar qué comprábamos». La moda de los 90 Monteleón ocupó espacios notorios en los medios de comunicación locales a lo largo de la última década; titulares que dieron relevancia a la mención que ocupaba a la sociedad Genco, ocupada en buscar comuneros para constituir la urbanización privada Monteleón en una solana de la ribera del Bernesga, en pleno campo y sin alejarse de la ciudad. Una ganga exclusiva. Del resto también levantaron acta las hemerotecas: más de 200.000 metros cuadrados situados en el balcón que da vistas a Carbajal de la Legua y con acceso desde la carretera de Asturias dieron soporte material a una comunidad de bienes que derivó en guerra jurídica a partir de retrasos el desarrollo de las viviendas, que luego encadenó embargos, denuncias y reuniones asamblearias para cambiar el rumbo de bancarrota. Ahí se fraccionó el proyecto: los que se fueron, obligados por deudas contraídas a partir de promesas incumplidas, buscaron amparo legal en los tribunales. La comunidad de bienes también acude a la justicia para reclamar deudas contraídas por todos los comuneros que no pagaban. La maraña se extendió hasta límites impensables: en poco más de seis años, en 1997, la urbanización Monteleón era causa de más de treinta procesos en los juzgados leoneses. En ese abril se sentaron en el banquillo de los acusados, en la Audiencia Provincial de León, Oscar Rodríguez Cardet, ya fallecido, ex alcalde de León, y Alejandro César Pineda García, antiguos gestores de la urbanización, acusados por el fiscal de los delitos de falsedad de documento y estafa. La sentencia fue absolutoria para ambos, recurrida por los propietarios de la comunidad de bienes de la zona residencial y ratificada por el Supremo. Es sólo un ejemplo de un rosario en el que, y por distintos motivos, son también sartas cargos políticos del municipio al que pertenece el paraje de Monteleón, Sariegos, y de otras administraciones. Otro residente de la urbanización que más polémica ha generado en la pujante área metropolitana de la capital leonesa trata de aportar una explicación razonable al proceso de compra, febril, en los primeros años noventa: «Dicen que como ésta hubo más casos en zonas costeras; que es frecuente que se usaran émulos sociales para incentivar la adquisición de terrenos o de casas. Me refiero a médicos, catedráticos, o jueces. Es fácil que aquí preguntes por qué se han comprado una casa y que te respondan que porque lo hizo el jefe de servicio». La cuestión no ha acabado; la urbanización, tampoco.