Están acusados de cometer el segundo atentado más grave de ETA
Santi Potros y Tigresa se niegan a declarar ante la Audiencia
La furgoneta-bomba colocada por ambos en 1986 acabó con la vida de doce agentes de la Guardia Civil
Idoia López Riaño, alias «Tigresa», y Santiago Arróspide Sarasola, alias «Santi Potros», se negaron a participar en el juicio por el atentado perpetrado por ETA hace 17 años en la madrileña plaza de la República Dominicana que lleva a cabo la Audiencia Nacional. Los terroristas asesinaron el 14 de julio de 1986 a doce agentes de la Guardia Civil al explosionar una furgoneta-bomba al paso de un convoy compuesto por un autobús, un microbús y un Land Rover de este instituto armado. Fue el atentado más sangriento de la banda después del cometido contra los almacenes Hipercor de Barcelona, en el que hubo 21 víctimas. El que fuera jefe del aparato militar de ETA, Santi Potros, e Idoia López Riaño, quizás la activista más famosa y sanguinaria del comando Madrid, se sentaron ayer lunes en el banquillo acusados, respectivamente, de ordenar y cometer aquella masacre. El fiscal, Eduardo Fungairiño, pide para La Tigresa 1.572 años de cárcel y 1.560 para el que fuera su jefe. A pesar de la gravedad de las acusaciones, los dos terroristas -que estuvieron en todo momento animados y sonrientes- permanecieron muy pocos minutos en la sala. El primero en hablar fue Santi Potros, quien con dos escuetas frases -«no quiero participar» y «renuncio al derecho que tengo a la última palabra»-comunicó al tribunal que no quería pasar por el «mal trago» que le suponía enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Después, tomó la palabra Idoia López Riaño y, en nombre de los dos, fue más explícita: «no queremos participar, queremos que nos bajen a la celda y que si es posible ni nos traigan mañana», añadió sabedora de que el juicio continuaría hoy martes. Ante esa actitud y por la «amenaza de alteración del orden público», la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, accedió a su petición y ordenó devolver a los acusados a los calabozos. Cumplido ese trámite, el fiscal Eduardo Fungairiño y los letrados de las acusaciones popular -en representación de la Asociación Víctimas del Terrorismo- y particular tuvieron que conformarse con leer a viva voz las preguntas que pensaban formularles. A continuación, comenzó la prueba testifical con la comparecencia de dos policías que instruyeron las diligencias posteriores al atentado. Uno de ellos, que instruyó el atestado, narró a la sala cómo el 14 de julio de 1986 acudió a la plaza de la República Dominicana tras ser avisado de que sobre las 7.45 horas se había producido una fuerte explosión al paso de varios vehículos de la Guardia Civil. A su llegada, vio en el suelo los cadáveres de cuatro de los agentes asesinados y contempló los efectos de la deflagración, que había destruido el autobús en el que viajaban y afectado a otros vehículos. Un taxi que circulaba por las cercanías recibió el impacto de un trozo de metralla, que atravesó el vehículo de lado a lado. Su compañero, el agente que acudió al lugar para realizar una primera inspección ocular, dijo que vio varios cadáveres y abundante metralla.