El Supremo acusa a Atutxa de crear «artificios» para no disolver SA

La sala especial del Tribunal Supremo que ilegalizó Batasuna acusa de forma directa e inequívoca al presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, de «obstaculizar» la disolución del grupo parlamentario de Socialistas Abertzales (SA), sucedáneo de Batasuna. El alto tribunal, en la resolución en la que fija las consecuencias de esa disolución, denuncia que Atutxa recurrió a «artificios» y a maniobras dilatorias -como dejar la decisión en manos de la Junta de Portavoces de la cámara autonómica- para ocultar su determinación de no ejecutar la decisión judicial. Actitud que los magistrados de la sala especial describen como «contraria al principio de lealtad constitucional». Desobediencia Los 16 miembros del tribunal concretaron este miércoles las medidas necesarias para que los diputados aberzales no puedan actuar como grupo propio. Algo que ordenaron hacer al presidente del Parlamento vasco. Pero Atutxa, sostienen los magistrados, encaminó todos sus pasos a «dejar de ejecutar» la resolución adoptada el pasado 20 de mayo. La orden que el Supremo le dio a Atutxa era muy clara: impedir la actividad del grupo que representa en el legislativo vasco los intereses de la formación proscrita. El ex consejero de Interior alegó entonces dificultades reglamentarias, que los magistrados consideran como invenciones suyas: entienden que, disuelto el grupo por orden suya, hubiera bastado con aplicar el punto 3 del artículo 20 del Reglamento de la cámara, que establece que «el parlamentario que, por cualquier causa (...) dejare de pertenecer a un Grupo Parlamentario, quedará automáticamente incorporado, durante el período de sesiones en que se produzca el supuesto, al Grupo Mixto». El grupo heredero de la coalición abertzale está ya disuelto a todos los efectos, insiste el Supremo, y los órganos del Parlamento autonómico sólo son competentes para decidir la forma en que su expulsión del Parlamento debe materializarse. El alto tribunal confiere una especial relevancia al hecho de que «dentro de esa misma actitud» entorpecedora de la Justicia los partidos nacionalistas e Izquierda Unida permitiesen al representante del grupo de SA -inexistente ya en la vida jurídica- votar en la reunión de la Junta de Portavoces que rechazó su disolución. Creen que su voto fue «determinante del resultado final alcanzado», por lo que acusan también a Atutxa de dejar la ejecución de los dictados del alto tribunal en manos de un grupo cuya actividad es fruto de un «reparto funcional con una organización terrorista». Los 16 jueces de la sala del artículo 61 van más allá y recuerdan a los nacionalistas la sujeción al ordenamiento constitucional a la que están sometidas todas las instituciones del Estado, entre ellas el Parlamento de Vitoria. En ese sentido, puntualizan que la autonomía de la Cámara «en modo alguno equivale a soberanía, como tampoco la división de poderes permite la existencia de zonas resistentes al Estado de Derecho por parte de los órganos parlamentarios».