Los candidatos de PSOE y PP renuncian a ser investidos presidentes de Madrid

No habrá sesión de investidura. Tanto Esperanza Aguirre (PP) como Rafael Simancas (PSOE) trasladaron ayer a la presidenta de la Asamblea de Madrid, Concepción Dancausa, su decisión de no someterse a votación alguna y forzar la convocatoria de elecciones ante la imposibilidad de formar gobierno. Resuelto el problema de si los ciudadanos deben o no acudir de nuevo a las urnas, el debate se traslada ahora a cuándo hacerlo. El PSOE pretende que se abra un plazo de dos meses antes de disolver la Cámara. El PP quiere negociar ya una fecha con el resto de las fuerzas políticas para que no haya posibilidad de marcha atrás. Pero la solución está en manos de los servicios jurídicos del Parlamento regional. Situación insólita Nunca antes la Comunidad de Madrid -ni ninguna otra- había vivido una situación como la actual, en la que ninguno de los candidatos con posibilidades de alzarse con el poder quiera ser investido presidente. Ni el Estatuto de Autonomía ni el Reglamento de la Cámara mencionan esta posibilidad y de ahí que Concepción Dancausa haya optado por darse un tiempo antes determinar por qué opción se decanta. Hasta el día 27 -fecha límite para conversar con los grupos parlamentarios y decidir a quien presenta a una sesión de investidura, que en este caso no existirá- estudiará los informes jurídicos que le proporcionen los letrados de la Asamblea y, probablemente, el Consejo de Estado. Después, argumentará quien y por qué tiene razón entre los dos contendientes. La teoría del grupo socialista -y con él, la de Izquierda Unida- es que cabe interpretar la sola negativa a someter un programa de gobierno a la confianza de la Cámara como una sesión de investidura fallida. Así, habría que aplicar el artículo 18.5 del Estatuto que dice: «si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera sesión de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza de la Asamblea, ésta quedará disuelta convocándose de inmediato nuevas elecciones». De este modo, el socialista Simancas contaría aún con sesenta días para que se cumpla su mayor deseo: que los diputados «traidores», Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, renuncien a sus escaños, sus actas de diputados pasen a dos socialistas «limpios» y él solicite entonces ser investido y se convierta en presidente de la Comunidad sin el voto de dos parlamentarios «corruptos». El Partido Popular sostiene, en cambio, que esto sería forzar las normas. Si no hay sesión de investidura, argumentan, el plazo de dos meses no corre y, por lo tanto, sería el presidente -en este caso, el presidente en funciones, Alberto Ruiz-Gallardón- el que tendría que tomar la decisión de disolver el Parlamento y convocar nuevos comicios. Bajo esta premisa, la candidata popular, Esperanza Aguirre, propuso ayer a PSOE e IU acordar ya una fecha para llamar a votar a los ciudadanos. Con el compromiso cerrado de las tres fuerzas políticas con representación en la Asamblea, Simancas no podría cambiar de opinión y pedir una sesión de investidura, ni aunque se produjera la renuncia inesperada de Tamayo y Sáez.