Nos vemos en el juzgado

Durante años hemos los políticos han criticado que se llevar a los tribunales lo que debía debatirse en sede política. El escándalo reciente, creciente y marxista -de Groucho, no de Karl- en la Asamblea de la Comunidad de Madrid ha desembocado en un montón de querellas por injurias, calumnias y todo lo que se imaginen que sólo darán trabajo a los jueces, pero que no resolverán el fondo del problema. Un programa de cámara oculta de constructores y políticos municipales, hubiera dejado pequeño a «Pensión Glamour» y habría logrado un récord de audiencia. Un libro sobre a dónde ha ido a parar el dinero de algunos constructores sería un best seller. Tal vez descubriríamos que hubo gente que hacía de correo, que dividió las comisiones y que finalmente decidió quedarse con todo y «profesionalizar» el negocio. La credibilidad institucional está sufriendo un daño inmenso por la actitud de los dos diputados del PSOE, por la de los partidos y, especialmente, por quienes han puesto en marcha el ventilador. Cuando uno se equivoca debe asumir su responsabilidad y, sobre todo, las consecuencias de su error. Hace bien Simancas en no aceptar la investidura con esos dos votos. El PP aprovecha la debilidad del PSOE para proponer nuevas elecciones, una inesperada oportunidad para ganar lo que había perdido por el pacto. Pero no hay otra solución ni cabe más demora. La Comunidad de Madrid va a estar paralizada de hecho durante meses por una situación que no tiene más salida que una convocatoria electoral urgente. El problema está, sin embargo, en quién convoca las elecciones. Si Simancas fuera investido presidente con los votos de los dos traidores, sería el Gobierno de izquierdas el que convocaría. Si no hay investidura, el Gobierno en funciones -en este caso del PP- tendría la palabra. No es igual una cosa que la otra. Los intereses particulares priman de nuevo sobre los de los madrileños.