La Fiscalía denuncia a Bravo y Vázquez por una trama urbanística de un billón

La Fiscalía de Madrid ha presentado una querella contra el ex alcalde de Alcorcón, el popular Pablo Zúñiga, y contra Francisco Vázquez y Francisco Bravo, los dos constructores que presuntamente ampararon la traición de Eduardo Tamayo y Teresa Sáez. Esta trama, de haberse culminado, habría dejado unos beneficios de cerca de un billón de pesetas. El Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal, aseguró que con este y otros procesos abiertos por este asunto, la Fiscalía Anticorrupción no podría investigar. Después de la denuncia presentada por el PSOE, la Fiscalía de Madrid ha decidido también emprender acciones legales contra una trama urbanística en la localidad madrileña de Alcorcón, organizada en 1999 a raíz de la constitución de una sociedad ilícita, encabezada por Pablo Zúñiga, ex alcalde del municipio y militante del PP. En la trama estarían implicados, además del ex primer edil, los dos constructores a los que se relaciona con los diputados traidores Eduardo Tamayo y Teresa Sáez, el ex concejal de Hacienda de Alcorcón, Fernando Díaz Roble, y un técnico municipal. De haber culminado la actuación, ésta habría dejado unos beneficios cercanos al billón de pesetas. La sociedad ilícita encabezada por Zúñiga se dedicaba a comprar suelo en el municipio a precio de terreno rústico, a recalificarlo para hacerlo urbanizable y a venderlo posteriormente a terceros a un precio muy superior. Se compraban así terrenos por unos 24 euros (4.000 pesetas) el metro cuadrado y se vendían por cantidades cercanas a los 420 euros (70.000 pesetas). Según la querella, los beneficios se incrementaban al construir únicamente viviendas libres reduciendo prácticamente a cero las de protección oficial, que apenas se han levantado en los últimos años en Alcorcón. La Fiscalía sostiene que la trama inmobiliaria estaba perfectamente estructurada mediante la coordinación de políticos, empresarios y un empleado del Ayuntamiento. Este técnico municipal era el encargado de manipular la documentación, mientras otras dos personas, también denunciadas, se dedicaban a comprar los terrenos a través de sociedades fantasma. El Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal, aseguró que la Fiscalía Anticorrupción no podrá investigar la denuncia que le ha presentado IU sobre la crisis abierta en la Asamblea de Madrid si ya existe un procedimiento judicial en curso por estos mismos hechos. «Cuando sepamos lo que ocurre con estas querellas, resolveremos», dijo. Cardenal confirmó que ya ha recibido un escrito del fiscal jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, en el que le proponía investigar estos hechos. «Hay algunas querellas presentadas ante órganos jurisdiccionales que denuncian los mismos hechos», dijo, por lo que la Fiscalía tiene que cesar las diligencias que haya emprendido, una vez tenga conocimiento de la existencia de un procedimiento judicial en curso. Relación con Tamayo y Sáez Por su parte, PSOE e IU pedirán formalmente el próximo martes a la Mesa de la Asamblea de Madrid la creación de una Comisión de Investigación sobre la supuesta operación urbanística de Alcorcón, porque según el portavoz socialista Rafael Simancas «es parte del por qué de la trama» que ha causado la crisis de la Asamblea. Simancas afirmó, tras la reunión de la Junta de Portavoces que se celebró ayer en el parlamento madrileño, que «los presuntos delincuentes, los autores y los protagonistas de la trama sabían que yo pararía esta operación, que un gobierno decente no transigiría nunca con una operación delictiva y con pelotazos de esta naturaleza». Señaló que «sabíamos el quién, sabíamos quiénes, sabíamos el cuándo, sabíamos el cómo y ahora empezamos a saber el por qué» de la ausencia de Eduardo Tamayo y Maite Sáez.