El fiscal se querella contra Atutxa por desobedecer al Supremo

El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, ordenó ayer la presentación ante la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco una querella criminal contra Juan María Atutxa, presidente del Parlamento de Vitoria. La Fiscalía le acusa de un delito de desobediencia por negarse, mediante una maniobra que califica de «subterfugio», a cumplir la orden del Tribunal Supremo e impedir la actuación autónoma en la cámara autonómica del grupo Socialistas Abertzales (SA), sucesor de Batasuna. La querella, elaborada por el teniente fiscal jefe del Supremo, José María Luzón, extiende esta imputación al vicepresidente del Parlamento vasco, Gorka Knörr (de Eusko Alkartasuna) y a la secretaria segunda de la Mesa del legislativo autonómico, Kontxi Bilbao (de Izquierda Unida). Entiende que ambos parlamentarios auspiciaron con su actuación, «bajo la hábil dirección del señor Atutxa», la maniobra de dejar la decisión última sobre el futuro de SA en manos de la Junta de Portavoces en lugar de defender su expulsión inmediata, como hicieron los representantes del PSE y del PP. En su querella, el Ministerio Público llama «subterfugio» a la excusa dada por Atutxa a los magistrados de la sala especial que ilegalizó Batasuna. Explica que los querellados se escudaron en una pretendida laguna jurídica en el reglamento que exigiría modificaciones para eludir su responsabilidad y «enmascarar o justificar» su «abierta negativa» a obedecer una decisión judicial. Resolución que era «clara y carente de ambigüedades», ejecutiva y ante la que no cabía ningún recurso. De ello resulta, según las tesis de Luzón, que Atutxa, Knörr y Bilbao cometieron «un fraude de ley» para eludir el mandato judicial, lo que podría acarrearles, según establece el artículo 410 del Código Penal, multas de tres a doce meses y penas de inhabilitación de entre seis meses y dos años para cualquier empleo o cargo público. La Fiscalía coincide con la tesis del Supremo en que es la sala especial del artículo 61, y no el Parlamento vasco, la que establece de forma directa e inequívoca la disolución del grupo de SA. Por ello, a los querellados les corresponde sólo «materializar» la decisión sin entrar a valorarla ni someter al arbitrio de los órganos del legislativo vasco, en ningún caso, la jurisdicción y la competencia que le atribuye al tribunal la Ley Orgánica de Partidos Políticos. La Fiscalía desecha la posibilidad de que lo acontecido sea fruto de un «error» de los querellados, pues considera «inverosímil» que éstos pudieran albergar verdaderas dudas sobre la legitimidad del Supremo y la ejecutividad de su requerimiento. Por ello, solicita al máximo tribunal vasco que interrogue, en calidad de imputados, a Juan María Atutxa, Gorka Knörr y Kontxi Bilbao. También pide que se tome declaración, como testigos, al vicepresidente segundo de la Mesa del Parlamento vasco, Carmelo Barrio y al secretario primero, Manuel Huertas, parlamentarios del PP y el PSE, respectivamente.