La iniciativa vuelve a Simancas

LA DECISIÓN de Rafael Simancas de someterse a la investidura en la Asamblea de Madrid tiene como objetivo principal y evidente la recuperación de la iniciativa política en tan desgraciado caso. Una iniciativa que había perdido y que había caído en las manos de los dos tránsfugas y del propio Partido Popular, cuyo aprovechamiento político del caso estaba siendo de una desfachatez algo más que desmesurada. De esa forma recupera la iniciativa, subraya algo tan elemental como es su derecho a ser presidente, aunque ahora no lo vaya a ser, abre un plazo de dos meses para la posible convocatoria de nuevas elecciones y para facilitar la renuncia de los dos diputados traidores, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez o su cese judicial y crea el marco para un gran debate parlamentario en la Asamblea, en el que se desmenuce la situación y sus causas y en el que explique ese programa político que había provocado el pánico en el turbio mundo de la especulación inmobiliaria y sectores políticos afines a la misma. Lo que no entiendo muy bien es por qué el candidato socialista dice que no aceptará el Gobierno aunque sea votado en la investidura. Yo creo que si es elegido, en primera o en segunda votación, debe gobernar, al menos el tiempo necesario para esperar la renuncia o el cese de los traidores, a lo que tiene perfecto derecho y sobre lo que no sé por qué tiene que andarse con tantos remilgos, como si el conjunto de PSOE e IU no hubiese ganado las elecciones madrileñas del 25-M. Tamayo y Sáez que hagan lo que les venga en gana. Pero ¿por qué el PSOE de Rafael Simancas habría de servir en bandeja la Comunidad de Madrid a un Partido Popular que la había perdido en las urnas? Pero en fin, el candidato socialista sabrá bien lo que se hace, los riesgos que corre y lo que es mejor para la comunidad de Madrid y para la democracia. Y permítaseme a mí que me pregunte por qué los que han ganado y han sido víctimas de una clarísima conjura de intereses políticos y urbanísticos encima han de poner la cama y renunciar voluntariamente a lo que los ciudadanos les han entregado a través de las urnas. Con razón ha dicho José Luis Rodríguez Zapatero que lo sucedido es el golpe más duro contra la democracia desde el golpe de Estado del 23-F.