El PP rechaza el plan socialista para acabar con los tránsfugas

Los populares presentaron una iniciativa para ampliar el ámbito de aplicación del pacto antitransfuguismo a los parlamentos autonómicos y consiguieron el respaldo casi unánime del Congreso. La sombra de la crisis de la Asamblea de Madrid no abandonó el debate sobre el estado de la nación ni en sus últimos momentos. El PSOE presentó un rosario de propuestas para acabar con las prácticas tránsfugas, crear una comisión de investigación sobre la traición de sus diputados Eduardo Tamayo y Maria Teresa Sáez, flexibilizar las candidaturas e impedir que el escaño sea propiedad personal del parlamentario electo. Ni una prosperó. El partido gubernamental, en cambio, presentó una resolución en este sentido y se aprobó. Propuso convocar «a la mayor brevedad» una reunión de la comisión de seguimiento del pacto antitransfuguismo para «evaluar la posible extensión del pacto al ámbito autonómico». El PP consiguió la adhesión de los socialistas y de los nacionalistas, no así de IU. El PSOE recabó el respaldo de los nacionalistas e IU para sus propuestas, pero al no contar con el asentimiento de la mayoría absoluta de los populares su trabajo fue inútil, si bien los socialistas consideraron que se ha abierto un debate que acabará por cuajar. El principal partido opositor defendió «el desbloqueo de las listas electorales para que el elector pueda expresar una o varias preferencias entre los candidatos de la lista», elección directa de alcaldes a doble vuelta, reducción de gastos electorales, el desempeño de la labor de diputado exigirá «dedicación absoluta» y será «incompatible» con cualquier actividad laboral, los parlamentarios sólo podrán administrar el patrimonio personal o familiar. El PSOE reclamó que la ley electoral incluya «una causa de pérdida de la condición de representante» cuando sus actuaciones «supongan una deslealtad hacia el electorado y una desnaturalización del resultado electoral». Los socialistas, sin duda, pensaron en Tamayo y Sáez.