Las víctimas de Cavallo le acusan ante Garzón de expoliar?26 millones de dólares a los desaparecidos
Federico Gómez, una de las víctimas, declaró ayer ante el juez Garzón
El ex militar argentino Ricardo Miguel Cavallo, Serpico , extraditado a España el pasado fin de semana por las autoridades mexicanas, montó una verdadera trama para el expolio de los bienes de las más 5.000 personas secuestradas que pasaron por el mayor centro de detención ilegal de la dictadura, la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA). Federico Gómez, hijo del empresario español desaparecido Conrado Higinio Gómez, aportó este miércoles al magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón decenas de documentos, muchos de ellos judiciales, para tratar de probar que Serpico llegó a robar cerca de 26 millones de dólares a los detenidos a los que secuestró, torturó, asesinó e hizo desaparecer. Un dinero que sirvió a los represores de la ESMA como base de numerosas empresas en todo el mundo aún en funcionamiento. «La ESMA sigue trabajando, esta en funciones porque en la actualidad siguen moviéndose esos capitales manchados de sangre», explicó el hijo del desaparecido. Pese a que el magistrado Garzón ha comenzado a recabar pruebas y testimonios contra Ricardo Miguel Cavallo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional reclamó ayer al instructor la inmediata puesta en libertad del presunto genocida. Como ya hiciera el pasado martes para solicitar el fin del proceso contra el otro militar argentino detenido en España (el arrepentido Adolfo Scilingo) el departamento que dirige Eduardo Fungairiño alega que la justicia española no es competente para entender crímenes perpetrados fuera de las fronteras nacionales, que las violaciones cometidas durante la dictadura ya fueron juzgadas en Argentina, que los asesinos militares fueron amnistiados por las leyes de «punto y final» y «obediencia debida» y que los ex jefes de Estado tienen inmunidad. Lejos de seguir las tesis de la Fiscalía, los abogados de las víctimas de la dictadura han solicitado a Garzón que pida la extradición de 46 altos militares argentinos acusados de 10.284 secuestros, 159 asesinatos y el robo de 102 bebés.