El PSOE tiende puentes al PP para consensuar la nueva Ley de Extranjería

El Gobierno se va a encontrar esta semana en el Congreso de los Diputados con menos oposición de la esperada a la que será la cuarta reforma de la Ley de Extranjería. El PSOE ha decidido, después de dos años y medio de continuos desencuentros con el Ministerio del Interior en materia de inmigración, tender puentes al Ejecutivo para tratar de pactar, al menos, algunos de los aspectos menos polémicos del nuevo texto. La lista de coincidencias es extensa, aunque el Partido Socialista reclama de Interior un cambio de talante y la aceptación de numerosas mejoras técnicas. El gesto de la responsable de inmigración del PSOE, Consuelo Rumí, tiene lugar tan sólo días antes de que la apresurada reforma de la inmigración se enfrente este martes en el Pleno de la cámara baja a su primer examen parlamentario. IU y todas las formaciones del Grupo Mixto, a excepción del Partido Andalucista, han presentado enmiendas a la totalidad al proyecto y han reclamado a Interior que retire su reforma. La mayoría de las críticas de la coalición progresista y del resto de los grupos minoritarios son coincidentes: el Gobierno se ha limitado a dar rango de ley a los artículos del reglamento anulados por el Tribunal Supremo, Interior pretende acceder a los datos del padrón para detener a los 'sin papeles' y quiere obligar a los transportistas, bajo la amenaza de fuertes sanciones, a convertirse en una suerte de policía de fronteras que evite que los clandestinos lleguen a territorio nacional. Puntos de acercamiento Los esfuerzos de Interior, según reconocen sus responsables, se centrarán en buscar puntos de acercamiento con los socialistas a lo largo de este verano, ya que cualquier acuerdo con la formación que lidera Gaspar Llamazares parece más que improbable, habida cuenta de que entre sus enmiendas ha propuesto la apertura de un nuevo proceso de regularización extraordinaria de todos los indocumentados que se encuentran ya en España. Una pretensión que el Gobierno no está dispuesto a atender. El PSOE sólo mantiene fuertes discrepancias en un punto de la reforma: el papel que el Gobierno da en la futura ley a los centros de internamientos para extranjeros (CETI) «igualándolos a cárceles».