Garzón cifra en 3.000 millones la responsabilidad de los militares argentinos
El juez Baltasar Garzón cifra en algo más de 3.000 millones de euros la responsabilidad civil que exigirá a los altos militares argentinos procesados en la Audiencia Nacional por decenas de delitos de genocidio durante la dictadura en este país, que se extendió entre los años 1976 y 1983. El titular del Juzgado Central 5 reiteró esta semana las órdenes de busca y captura internacional contra 46 altos mandos del ejército argentino durante la dictadura, a los que considera presuntos responsables de al menos 10.283 secuestros, 159 asesinatos -seis de ellos de ciudadanos españoles- y del robo de 102 bebés. En la lista de procesados en busca y captura están incluidos todos los máximos responsables de las distintas juntas militares de la dictadura salvo dos, que ya han fallecido. Entre ellos se encuentran Rafael Videla, Leopoldo Galtieri, Eduardo Massera, Domingo Rubens, Armando Lambruschino, Jorge Anaya, y Basilio Lami. El proceso abierto en la Audiencia Nacional contempla la presunta comisión de delitos de secuestro, torturas, violaciones y asesinato, entre otros. Las detenciones para extradición no se han hecho efectivas hasta ahora en Argentina, pero los procesados pueden ser arrestados si abandonan el país. Dos arrestados Las ordenes de detención internacional dieron sus frutos hace diez días con la extradición a España desde México del ex teniente de navío argentino Ricardo Miguel Caballo, «Serpico», uno de los responsables de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, el principal centro de tortura y exterminio de la oposición argentina durante la dictadura. El otro militar procesado por esta causa y encarcelado ya en España es Adolfo Scilingo, militar arrepentido, también integrado en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, que confesó en la Audiencia Nacional su participación en el asesinato de decenas de opositores a los que arrojaban drogados al mar desde helicópteros. En la instrucción del sumario han declarado contra los procesados 15 testigos, supervivientes del centro de exterminio militar. El juicio contra estos procesados podría celebrarse el año próximo.