El Supremo ordena a la Cámara vasca que desobedezca a Atutxa

El Tribunal Supremo quiere convertir al letrado mayor y secretario general del Parlamento Vasco, Eduardo Mancisidor, en el policía interno que haga cumplir sus órdenes para lograr la efectiva desaparición de Socialistas Aberzales (SA) como grupo parlamentario pese a la oposición de los partidos que sustentan al Gobierno Vasco. El auto judicial que establece las obligaciones se ha dictado en contra de la opinión de la Fiscalía General del Estado, que considera que el funcionario no tiene competencias para hacer lo que se le pide. El alto tribunal advierte a Mancisidor de que está obligado no sólo a ejecutar todas las acciones que se le encargaron para suprimir las prerrogativas de SA sino que también tiene la obligación de ignorar y resistirse a cumplir cualquier mandato del presidente de la Cámara, Juan María Atutxa, o de los órganos de gobierno, que entre en conflicto o que desobedezca lo dispuesto por el Supremo. Al secretario general se le ordenó, en el auto de 18 de junio, retirar a SA cuantos locales y medios materiales le fueron asignados por ser un grupo parlamentario. El Supremo le ha dado de plazo hasta la primera semana de septiembre para que le remita un informe en el que detalle todas las acciones que ha puesto en marcha para cumplir con las órdenes que se le dieron mediante el auto de 18 de junio y para que aclare cuál ha sido el resultado. La Sala Especial del alto tribunal, en el auto que rechaza el «incidente de ejecución» que le planteó el letrado mayor, le recuerda que por el incumplimiento de cualquiera de estos mandatos se le exigirán responsabilidades personales. El alto tribunal, en este auto de 15 de julio, no sólo rechaza todos los argumentos dados por el letrado mayor para defender su falta de competencias para ejecutar las órdenes que se le dieron, sino que le impone nuevas e importantes obligaciones. Le comunica su obligación de negarse a que los servicios de la Secretaría General del Parlamento realicen una serie de actividades, siempre que sean contrarias a los autos, que en la práctica supondrán paralizar el normal funcionamiento de la Cámara vasca. La resolución judicial le aclara que, además de no autorizar el uso a SA de los locales y medios del grupo, debe negarse a la inserción en las publicaciones oficiales de la Cámara de iniciativas o intervenciones del grupo disuelto y a la publicación o confección de convocatorias de sesiones, órdenes del día, diarios de sesiones etc. en los que participen diputados de SA.