La protección a las maltratadas exige modificar el Código Penal

El pleno del Congreso aprobó ayer en una sesión extraordinaria la orden de protección para las mujeres maltratadas, una figura jurídica que pretende agilizar la puesta en marcha de medidas de atención a las víctimas de la violencia. Con esta medida se aspira a mantener conectados a jueces, fiscales y fuerzas de seguridad, de suerte que la mujer maltratada puede formular su denuncia ante una especie de «ventanilla única» ya desde el mes de agosto. Sin embargo, como reconoció el ministro de Justicia, José María Michavila, por ahora no es posible retirar la patria potestad a un maltratador automáticamente de forma asociada a la pena. Tampoco se puede quitar el permiso de armas a una persona que inflige agresiones a su cónyuge o el ingreso en prisión por quebrantamiento de la orden de alejamiento dictada por un juez. Éstas y otras medidas se podrán aplicar cuando se modifique el Código Penal, un objetivo que Michavila desea que se realice cuanto antes. La orden fue aprobada por unanimidad, por 272 votos a favor y ninguno en contra, la iniciativa ya puede entrar en vigor, aunque algunas de las medidas destinadas a proteger a las mujeres no se pondrán en funcionamiento hasta que se apruebe la reforma del Código Penal y de la prisión provisional. Durante la sesión, el PP y los grupos de la oposición se acusaron mutuamente de retrasar la aprobación de la orden, que se podría haber votado en junio. Al margen de estas diferencias, los diputados no prestaron demasiada atención al debate, hasta el punto de que la presidenta del Congreso, Luisa Fernanda Rudí, pidió medio docena de veces que cesaran las conversaciones para poder escuchar al orador. Electoralismo Los portavoces de los distintos grupos lamentaron que, a pesar del consenso, el tramo final de los trabajos parlamentarios se haya visto empañado por el intento de algunos partidos de sacar provecho electoral al problema. En este sentido, IU y el BNG censuraron al ministro por su maneras «poco elegantes» de querer tutelar la labor de los grupos parlamentarios. Para la representante del PP, María Jesús Sáinz, el Gobierno ha actuado de forma diligente, por cuanto ha aprobado ayudas de 300 euros al mes para que las mujeres maltratadas puedan separarse del marido, al tiempo que ha puesto en marcha los juicios rápidos, sin cuyo concurso serían imposibles las medidas aprobadas hoy. La orden de protección, cuyas bases fueron redactadas por el Ministerio de Justicia y luego negociadas por las fuerzas parlamentarias, reforma la ley de Enjuiciamiento Criminal con el propósito de coordinar los órganos judiciales y administrativos implicados en dar protección a las víctimas de los malos tratos. El juez de instrucción de guardia podrá tomar decisiones penales y civiles y mandar que se proteja a la mujer en un plazo máximo de 72 horas.