Infracciones leves, graves y muy graves
La Inspección de Turismo considera infracciones leves la falta de distintivos, documentación, listas de precios de obligatoria exhibición en los lugares del establecimiento que se determinen reglamentariamente, expedir justificantes de cobro o recibos sin los requisitos exigidos o cobrar precios superiores a los declarados a la Administración salvo en los casos en los que por la cuantía de la diferencia se considere como infracción grave. También tiene esta consideración carecer de hojas de reclamaciones, la superación del aforo establecido o la omisión de cualquier trámite administrativo obligatorio, así como su práctica fuera de plazo. Por otra parte, son infracciones graves la obstaculización de la labor inspectora que no llegue a imperdirla (en este caso la infracción sería muy grave) o la utilización de denominación, rótulos o distintivos diferentes de los que se corresponde según la normativa vigente a su calificación. También cobrar precios superiores a los declarados, no expedir factura o justificante y el incumplimiento de la normativa de prevención de incendios, entre otras muchas. Es muy importante mantener las garantías de seguridad y fianzas exigidas por la normativa turística, pues su ausencia también está considerada como una falta grave. Tres faltas leves en un periodo de un año también son de carácter grave. Las infracciones muy graves no son las menos corrientes, son seis. Una de ellas es característica del turismo «sumergido», la prestación de servicios careciendo de autorización para su ejercicio o del título-licencia exigible por la normativa vigente. También recibe esta consideración la negativa u obstaculización de llegase a impedir la labor inspectora, o facilitar a la clientela documentos o información falsos. La utilización de las ayudas económicas concedidas por la Administración competente en materia de turismo para fines contrarios a los determinados expresamente y la comisión de dos o más faltas graves en un periodo de un año también son castigadas con sanciones que oscilan entre 6.001 y 60.000 euros. Por último, también es muy grave la infracción de las disposiciones turísticas que den origen a un gran perjuicio para la imagen y los intereses turísticos de Castilla y León, o para el prestigio para las profesiones turísticas o el medio natural.