El triple reparto de competencias en este sector

Las competencias en materia de turismo recaen en la provincia leonesa sobre tres tipos de instituciones, la Administración autonómica, que corresponde a la Junta de Castilla y León, la Administración provincial, es decir, la Diputación y cada uno de los ayuntamientos de la provincia. A la Junta, como órgano director del poder autonómico, le corresponde la regulación, coordinación y fomento de las profesiones turísticas, la potestad inspectora y sancionadora, fomentar este sector y potenciar el asociacionismo, regular y administrar la enseñanza para la formación de los profesionales de esta materia, ordenar turísticamente todo el territorio de Castilla y León estableciendo unas directrices de política turística. Junto a estas competencias, el Gobierno autonómico debe proteger y promocionar la imagen de la comunidad como destino turístico y la planificación autonómica y ordenación turística del territorio, entre otras competencias que se determinen por ley. Por debajo se sitúa la Diputación, que se ocupa de promocionar turísticamente la provincia en coordinación con los municipios, de la aprobación de los planes de desarrollo turístico provinciales, de coordinar las acciones de promoción y fomento que desarrolle cada municipio dentro de su ámbito territorial y de asistir jurídica, técnica y económicamente a los municipios, demás de otras competencias que le sean delegadas. Y por último, cada ayuntamiento es la institución encargada de promocionar sus propios recursos y productos turísticos, además de fomentar las actividades relacionadas con esta materia, de proteger y conservar los recursos turísticos, en especial el patrimonio monumental y el entorno natural, así como de conceder las licencias oportunas y desempeñar otras competencias que le sean delegadas ocasionalmente.