El CGPJ investiga la excarcelación del acusado del triple asesinato de Alicante

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abrió ayer una investigación preliminar para determinar si los responsables del Juzgado número 1 de Alcoy (Alicante) cometieron alguna negligencia en la instrucción de un triple asesinato, cuyo único acusado salió el martes de la cárcel tras cuatro años en prisión preventiva, el máximo que permite la ley a la espera de juicio. La información previa, que será realizada por el Servicio de Inspección, tiene como objetivo establecer si el hecho de que la instrucción judicial no se haya cerrado en cuatro años se debe a un retraso injustificado atribuible al órgano judicial, o si por el contrario hay algún elemento que justifique tan dilatada investigación previa al juicio. Los resultados de la investigación serán enviados por la Inspección a la comisión disciplinaria del CGPJ para que sus miembros decidan si abre un expediente sancionador contra algún juez o magistrado o si se archiva el informe. En cualquier caso, el retraso en la instrucción, iniciada el 20 de agosto de 1999, obligó el martes pasado a poner en libertad provisional al único sospechoso del triple crimen, Francisco Gómez Simón, que, sin embargo, como medida cautelar, deberá presentarse ante el juzgado todos los días hasta que se celebre la vista. El presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, Vicente Magro, aplaudió la apertura de la investigación por el CGPJ y calculó que el sumario estará concluido en septiembre u octubre y aseguró que la audiencia «agilizará al máximo» los trámites para que se celebre el juicio con jurado cuanto antes. Pese a que aún no se ha iniciado la investigación oficial, el portavoz del CGPJ, Enrique López, señaló ayer que por el momento no hay razones que expliquen el retraso en la instrucción, ya que la carga de trabajo del Juzgado número 1 de Alcoy «no es excesiva». Excesiva carga de trabajo Unas declaraciones que chocan con las realizadas por el vocal del Consejo General del Poder Judicial (GCPJ) José Luis Requero, quien achacó la puesta en libertad de Francisco Gómez a la «sobrecarga de trabajo en más del 60% en algunas materias y a las anomalías realizadas por un oficial que ya ha sido condenado por delitos de falsedad, cohecho y prevaricación». Según recordó Requero, el Juzgado número Uno de Alcoy, que es el encargado del caso, «ha estado en los últimos años atendido por jueces sustitutos y no de carrera» hasta que hace apenas año y medio tomó las riendas un juez titular que se ha dedicado a «reconstruir un juzgado que quedó patas arribas». Además, destacó que la confesión del inculpado en las dependencias policiales «no tiene poder probatorio», por lo que «se han tenido que iniciar numerosas diligencias de investigación que han ido retrasando la instrucción de esta causa». En este sentido, señaló que por ello «no existe una sóla causa, lo que ha hecho que esta persona haya tenido que ser puesta en libertad por imperativo legal sin haber sido juzgada». «En general los juzgados de levante están saturados de trabajo debido a la avalancha de inmigrantes, turistas y el incremento demográfico», explicó.