El Estado gastó 316 millones de euros en ayuda a las víctimas del terrorismo

El Estado gastó, entre 1975 y 2002, más de 316 millones de euros (unos 52.580 millones de pesetas) para indemnizar a víctimas de acciones terroristas, de los cuales casi 248 millones corresponden a las ayudas previstas en la Ley de Solidaridad con este colectivo. Según los datos del Ministerio del Interior, a los que ha tenido acceso, la partida más importante aprobada por el Gobierno para el resarcimiento de las víctimas corresponde al ejercicio del año 2000, cuando entró en vigor la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, que supuso un gasto superior a los 208 millones de euros en ese año. Esta cantidad sirvió para indemnizar a los afectados por la violencia terrorista desde el 1 de enero de 1968 que aún no habían recibido compensación, tal y como prevé la citada normativa, que reconoce como indemnizables los daños físicos o psicofísicos sufridos por las víctimas cuando los hechos hubieran acaecido después de la mencionada fecha. La norma establece compensaciones de 138.232 euros en caso de fallecimiento, de 390.657 por gran invalidez, de 96.161 por incapacidad permanente absoluta, de 48.080 por incapacidad permanente total y de 33.060 por incapacidad permanente parcial. Diferentes ayudas Del total de ayudas de carácter ordinario , que excluyen las establecidas en la Ley de Solidaridad, concedidas desde 1975, 26 millones de euros corresponden a resarcimientos por muerte, 19 por lesiones y 21 por daños materiales, subvenciones a asociaciones, ayudas psicológicas y becas de estudio, englobados en el apartado de «otros». En 2002, el Gobierno dedicó casi 21 millones de euros para indemnizar a los afectados por acciones terroristas, de los cuales, 10 millones se encuadraban en ayudas para paliar daños materiales y 8 en aplicación de la Ley de Solidaridad. Según los datos que maneja Interior, son más de 366 millones de euros (casi 61.000 millones de pesetas). El siguiente cuadro refleja por años y en euros las cantidades destinadas por el Estado para resarcir a los afectados por casos de fallecimiento, por lesiones y otros, así como la suma total. Asimismo, también incluye las indemnizaciones concedidas con carácter extraordinario en aplicación de la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo.