Un disputado padrón de caza, madera y leña

Según el último censo del Instituto Nacional de Estadística en la provincia hay ya, al menos teóricamente, 130 pueblos abandonados o en los que no reside nadie de forma permanente. La Diputación, en cambio, que maneja sus propias cuentas a la hora de tutelar la administración de los bienes comunales de pedanías y pequeños municipios asegura que «no llegan ni a treinta». La diferencia entre ambas cifras reside en que los últimos habitantes de las pequeñas poblaciones se desplazan en invierno a casas de familiares que previamente han emigrado a las cabeceras de comarca, pero se mantienen oficialmente empadronados en su lugar de origen, desde cuyas juntas vecinales pueden administrar algunos ingresos todavía muy golosos: derechos de pasto, de caza y pesca y de aprovechamiento de leña. Este dinero no puede ir a parar a manos de particulares, pero sí ser reinvertido en mejoras para el pueblo que revalorizan las viejas viviendas a las que, a su vez, regresan cada verano los familiares que han dado cobijo a los viejos en enero. Esto explica que sólo contadas localidades reclamen servicios que no puedan financiar al menos en una mínima parte y, además, termina creándose siempre un circulo de solidaridad o complicidad: basta con un sólo vecino empadronado para que se mantenga la junta vecinal y poder exigir nuevos servicios para los propietarios ausentes.