El Ejecutivo de Ibarretxe pretende evitar el «desarraigo social» de los penados por terrorismo
El Gobierno vasco dará ayudas de hasta 1.200 euros para visitar a los presos
Las subvenciones quieren compensar a las familias de los que cumplen penas fuera del País Vasco
El Departamento de Justicia del Gobierno vasco concederá ayudas de entre 360 y 1.200 euros a los familiares de presos para que puedan visitar a aquellos que cumplan condena fuera de la Comunidad Autónoma Vasca. La Consejería dirigida por Joseba Azkarraga abre convocatoria para solicitud de subvenciones, a través de una orden dictada el pasado 30 de julio y que ha sido publicada ahora en el Boletín Oficial del País Vasco, y de la que se beneficiarán numerosos parientes de presos miembros de ETA. El Ejecutivo autónomo ofrece 360 euros para el desplazamiento de familias de reclusos que se encuentren internos en cárceles de Aragón, Asturias, Madrid y Castilla y León, a excepción de la provincia de Burgos. La cifra se aumenta a 600 euros en el caso de los presos que se encuentren cumpliendo pena en Cataluña, Castilla-La Mancha, Valencia, Extremadura, Murcia y Galicia. Si el interno está en Andalucía, la subvención será de 900 euros y, en caso de que estén recluidos en las Islas Canarias y Ceuta y Melilla, la cantidad asciende a 1.200 euros. Los familiares deberán acreditar un mínimo de visitas y establecer un plazo de seis meses para poder pedir las ayudas. La orden gubernamental recuerda que, en la actualidad, cumplen condena fuera del País Vasco vascos «por razones de diversa índole» e indica que «esta situación afecta particularmente a todas aquellas personas que son clasificadas en primer grado por la inexistencia de centro penitenciario para cumplir en régimen cerrado en la Comunidad Autónoma Vasca, mujeres con niños por la falta de centros adecuados, algunas personas con necesidad de tratamiento psiquiátrico y un número importante de personas condenadas por delitos de terrorismo». Tras subrayar que todavía no ha sido traspasada esta competencia al Gobierno vasco, se refiere a la normativa internacional, europea y estatal en la que se señala que se debe procurar que «el cumplimiento de las penas de prisión se realice en las condiciones menos aflictivas, evitando la desocialización, promoviendo el arraigo social de las personas penadas y el contacto con sus familiares, en orden a posibilitar no sólo su voluntad, sino su capacidad para reintegrarse en la sociedad en condiciones de no volver a delinquir». El Departamento de Justicia subraya que, además, se incide «especialmente en el derecho de la persona reclusa a mantener relaciones con el exterior, lo cual se liga además al arraigo familiar y social como elemento básico de la finalidad de la reinserción social». El Ejecutivo autónomo subraya que la legislación española establece que cada área territorial debe contar «con el número suficiente» de cárceles para «satisfacer las necesidades penitenciarias y evitar el desarraigo social de los penados».