Trámite de urgencia para 34 normativas Multas de hasta 1,8 millones de euros

El espectacular crecimiento del sector de la construcción, al que no es ajeno el mundo rural por la llegada del euro y la afloración de ingentes cantidades del llamado «dinero negro», ha hecho que en los tres últimos años la demanda de asesoramiento para elaborar normas urbanísticas propias se haya multiplicado también como mínimo por tres. Actualmente en los despachos del SAM de la Diputación hacen cola un total de 34 ayuntamientos, desbordados por la creciente demanda de licencias para nuevas viviendas o segundas residencias, unas veces a nombre de los propios habitantes, otras de antiguos vecinos que quieren construírse una casa de verano y no pocas por forasteros que, tras comprar un terreno a precios más o menos módicos, quieren hacer su propia inversión de ocio. Las infracciones a cualquier normativa urbanistica están teóricamente castigadas con sanciones que oscilan entre 150 y 6.000 euros para las más leves. 30.000 euros para las graves y hasta 1,8 millones para las muy graves (el equivalente a 300 millones de las antiguas pesetas), con el añadido de reconducir la edificación a la legalidad o, en su caso, derribar toda la obra. No obstante, este tipo de multas apenas se imponen y todo termina negociándose, al menos en los núcleos rurales, en un arreglo más o menos amistoso con los propietarios. Muchos de estos, incluso, ni siquiera llegan a ser denunciados, con lo que al cabo de cuatro años la irregularidad caduca y deja de ser tal para pasar a considerarse simplemente un «hecho consumado» y legalizado por silencio administrativo, a falta de otros controles.