Más de la mitad de la provincia carece aún de normativa urbanística propia

«Lo que queremos hacer los alcaldes es legalizar lo que hay y, a partir de ahora, no dejar pasar ni una» FRANCISCO CASTAÑÓN, diputado del SAM y alcalde de Pola de Gordón Sólo seis grandes ayuntamientos de la provincia -León capital, Ponferrada, Astorga, Villablino, Valencia de Don Juan y Vilaquilambre, este último todavía en tramitación- cuentan actualmente con planes generales de ordenación urbana en tanto que otros 75 disponen de normas subsidiarias propias, aunque elementales, según el Servicio de Asistencia a Municipios (SAM), de la Diputación, que lleva casi dos décadas intentando poner un mínimo orden en el caos urbanístico de la provincia. Otros 131 ayuntamientos, repartidos a lo largo y ancho de la extensa geografía provincial, no tienen más ley urbanística que los límites que impone la Junta en todas poblaciones rurales: planta baja más dos y siempre dentro del casco histórico del pueblo. Pero el problema está en que nadie lo cumple, entre otras cosas porque el centro urbano de los pueblos tampoco está delimitado y todo el mundo edifica de manera «alegal», no ilegal, en las fincas más inverosímiles de la periferia mientras quedan arruinados los minúsculos centros urbanos de cada pueblo. Según el diputado del SAM, Francisco Castañón, y el gerente de este servicio, Luis Quintana, el caos urbanístico en que se mueven actualmente las zonas rurales es enorme y se traduce en serios problemas de dotación de servicios para los municipios, cuando no mediambientales, en forma de proliferación de viviendas aisladas o de pequeñas urbanizaciones que terminan autocontaminándose y contaminando el entorno en forma de pozos ciegos, a falta de colectores, o abasteciéndose de agua dudosamente potable mediante prospecciones igualmente incontroladas. El problema está en que lo que hasta hace escasas décadas eran casos aislados ahora se está convirtiendo en un fenómeno casi masivo. Todo legal en cuatro años Cuando el SAM echó a andar en 1984 sólo una decena de municipios disponían de algún tipo de normativa urbanística propia, algo que se ha logrado multiplicar en las dos últimas décadas por siete, en tanto que otra treintena de ayuntamientos están a la espera de tramitarlas. Según Castañón y Quintana estos dos últimos datos resultan positivos, pero siguen contrastando aún con el hecho de que más de la mitad de los pueblos carezcan todavía de la norma más elemental: dónde se debe construír o dónde no, «porque todo el mundo tiende a hacerlo en las afueras, mientras se arruinan los pequeños y antiguos conjuntos arquitectónicos del centro, en los que, paradójicamente, se siguen manteniento instalaciones inadecuadas, como naves ganaderas». El problema es más acuciante en León que en el resto de las provincias de la autonomía, donde la dispersión de la población es menor, y se hace especialmente grave en comarcas como El Bierzo o la montaña de las cuencas mineras, «dónde no sabes dónde empieza un pueblo y dónde acaba», aguas, colectores y accesos aparte, etcétera. Níngún organismo público dispone de estadísticas sobre este tipo de infracciones, que, en todo caso, caducan a los cuatro años y quedan automáticamente «legalizadas», y sin que los propios alcaldes se atrevan a tomar medidas que serían consideradas impopulares.