El presupuesto y las reformas

Todos los presupuestos se basan siempre en el optimismo. El eje de estos presupuestos viene condensado en un breve recuadro, «La coyuntura declarada», en el que se avisa que «la previsión actual apunta a que los síntomas de mejora en la coyuntura internacional impulsarán las exportaciones españolas, lo que acabará de consolidar el actual proceso de aceleración de la actividad». Los presupuestos presentados ayer al Parlamento han sido elaborados menos para que «la economía española pueda aprovechar una recuperación de la economía internacional en 2004» y más para servir al calendario político. Si hay que terminar el mandato con buenos indicadores en actividad y empleo para poder avalar las posibilidades electorales del sucesor sólo hay que estimular el gasto público. Una cosa es estimular el crecimiento a corto plazo y otra dejar una herencia económica equilibrada. Rajoy, o quien sea, querría tener garantías ahora de poder alargar el ciclo económico español. Y para eso sólo cuenta con la política presupuestaria. En vez de esperar tanto de una posible recuperación de las exportaciones, los presupuestos deberían haber apostado por reducir el crecimiento del gasto público. Dejando aparte el gasto «inevitable» del coste de la administración del Estado (que empleará el 7,1% del total de gastos) y las transferencias a la Unión Europea y las comunidades autónomas (el 21,3%), queda la inversión en la actividad productiva (el 10,0%) que no debe reducirse porque apalanca dineros de la Comunidad Europea y estimula la actividad. El resto del gasto público, el llamado «social» (sanidad, educación, protección social), representa el 41,2% del total y depende tanto de su gestión como de las autonomías con una estructura muy rígida con muy poca elasticidad a la baja. El próximo Gobierno recibe en herencia la obligación de ser reformista. Tendrá que volver a intentar las reformas de aquellas leyes que constriñen la evolución del gasto «social» para poder mantener así el compromiso con el déficit cero. Por eso apenas se «toca» ahora el gasto en Sanidad (que se lleva el 1,6% del gasto), pero se quiere reformar cuanto antes el Pacto de Toledo (las pensiones consumen el 32,5% del gasto) y se incrementa tanto el gasto en protección del empleo (los incentivos a la contratación se llevan el 2,6%, las prestaciones por desempleo el 5,0%).