La policía sabía que King era una «amenaza» pero no archivó el dato

La policía española fue informada en 1998 de que el presunto asesino de Rocío Wanninkhof y Sonia Carabantes, Tony Alexander King, era «una amenaza potencial para las mujeres en España» y a pesar de ello no incluyó esa información en sus ficheros informatizados. El ministro de Interior, Ángel Acebes, admitió ayer en el Congreso que la policía británica trasmitió esa información antes de que se co-metieran ambos crímenes pero justificó el hecho de que no se aportara a las bases de datos en el impedimento legal de archivar información de individuos que sólo son «sospechosos» o «potencialmente peligrosos». La primera de las cinco comunicaciones que las policías británica y española mantuvieron sobre el caso ya especificaba que se le buscaba por un «intento de violación» aunque calificaba el asunto de «importancia baja». En ello se basó Acebes para que la policía española no considerara la información «encuadrable en ninguno de los supuesto contemplados en la legislación». Explicó que el Reino Unido nunca comunicó a España un informe sobre el «historial completo y estremecedor de sus delitos» y por tanto nunca se pudo concluir que se trataba del «tremendo estrangulador de Holloway». Documentación archivada Toda la documentación quedó por tanto archivada en las dependencias de Interpol en Madrid y en la Comisaría de Málaga sin formar parte de una base de datos. «La única forma de que un investigador accediera al historial de King era preguntar expresamente por su nombre a la secretaría en Lyon», reconoció Acebes. El ministro no admitió ningún «error» ni en la investigación ni en el encarcelamiento de Dolores Vázquez por la muerte de Rocío Wanninkhof. En este último caso admitió que nunca hubo «pruebas irrefutables» contra Dolores, pero el convencimiento de que el asesino conocía a la víctima centró las pesquisas en ella. «Ni Rocío ni Sonia murieron porque haya habido un error policial», dijo, sino porque «una mente criminal y perver-tida decidió matarlas». Ante lo ocurrido, el ministro propuso abrir un debate para una reforma legal «sin reservas» que permita incluir a sujetos con riesgo potencial de delinquir en las bases de datos aunque sus antecedentes estén cancelados.