El Supremo anula los acuerdos que impidieron disolver SA en Vitoria

El Tribunal Supremo anuló ayer los cinco acuerdos del Parlamento vasco que han impedido desde el pasado mes de junio la disolución del grupo de Socialistas Abertzales (SA) y el paso de sus siete diputados al grupo mixto, tal y como ordenó el 20 de mayo el alto tribunal en ejecución de la sentencia por la que en marzo ilegalizó a Batasuna. Entre los acuerdos «nulos de pleno derecho» está el tomado por la Mesa el mes pasado, que autorizó a SA a recibir la subvención correspondiente a los grupos parlamentarios. El auto de la Sala Especial del Supremo señala que los actos, «de carácter gubernativo», son «nulos de pleno derecho» por eludir el cumplimiento de su sentencia, lo que vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. El documento añade que, además, los citados actos también serían nulos por constituir «un fraude de ley», por permitir participar en ellos a representantes del grupo disuelto, y por estar basados en argumentos «arbitrarios», desprovistos de razonamientos jurídicos y con un puro contenido político. Indica que las decisiones del parlamento son «una pura toma de posición política encaminada a impedir la materialización de la disolución de SA». El alto tribunal aclara, sin embargo, que la anulación de los acuerdos no libera de posibles responsabilidades penales por desobediencia a los representantes del PNV, EA e IU en la Cámara vasca, que con sus votos impidieron la ejecución de la sentencia. Se refiere a Juan María Atutxa, presidente del Parlamento vasco, y a los representantes en la Mesa de EA e IU, Gorka Knörr y Kontxi Bilbao, contra quienes el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco instruye una querella criminal presentada por la Fiscalía. La decisión del Supremo, contra la no cabe recurso alguno, retrotrae el pulso entre la Sala Especial y el Parlamento vasco a su inicio y acepta todas las peticiones que en sus escritos de alegaciones realizaron la Fiscalía General del Estado y el Gobierno a través de la Abogacía del Estado. Con la anulación de los acuerdos, la Cámara vasca tendrá que dar respuesta a los dos autos del alto tribunal -de 20 de mayo y 18 de junio- que le exigen que materialice la disolución de SA y el paso de sus parlamentarios al grupo mixto y que, por lo tanto, se les despoje de los despachos, medios materiales, derechos y subvenciones que les correspondían por su anterior situación.