PP y PSOE sacan adelante la nueva Ley de Extranjería en el Congreso
La nueva Ley de Extranjería pasó ayer su penúltimo examen parlamentario con un amplio apoyo, superior al 95% de los diputados, según recordó el ministro del Interior, Ángel Acebes. La reforma de la normativa sobre inmigración más consensuada de la democracia -254 votos a favor (PP, PSOE, CC), 14 en contra (IU y grupos Vasco y Mixto) y 12 abstenciones (CiU)- entrará en vigor enero de 2004, tras ser ratificada en el Senado, sin que en principio se esperen modificaciones. Populares, socialistas y canarios rechazaron todas las enmiendas del resto de los grupos y el texto previamente pactado por el Gobierno y el PSOE pasó sin cambios a la cámara alta. Interior y el principal partido de la oposición se concentran ya en tratar de ampliar su acuerdo al texto del reglamento que desarrollará la ley. Un articulado -desveló Acebes- que la Delegación del Gobierno para la Inmigración tiene muy avanzado. Los socialistas están interesados en conocer cuanto antes este texto para valorar su legalidad, ya que un recurso ante el Tribunal Supremo contra el reglamento aún vigente provocó la pasada primavera la anulación de una decena de artículos y el comienzo de una nueva reforma de la denominada Ley sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España. Tercera ley La tercera Ley de Extranjería en esta legislatura -que endurece las sanciones a los transportistas que trasladen clandestinos, crea el visado para buscar trabajo y el Observatorio contra el Racismo, facilita visados por malos tratos y limita las reagrupaciones familiares en cadena- no modifica la negativa de anteriores textos a reconocer a los «sin papeles» los principales derechos sociales (reunión, asociación, manifestación y huelga) tal y como pedían todos los grupos que no apoyaron el proyecto de ley. El PSOE, muy criticadopor estampar su firma en esta reforma, quiso dejar claro en el debate de este jueves que su respaldo a este texto no es, en modo alguno, un pacto de Estado con el Gobierno sobre la extranjería, sino «un acuerdo ceñido a la reforma legislativa que no comprende otros ámbitos de la política de inmigración», señaló la diputada Consuelo Rumí.