El Gobierno vasco acusa al Supremo de actuar «por venganza» al mando del PP

La última decisión del Tribunal Supremo de suspender los acuerdos de la Mesa del Parlamento vasco que señalaban la imposibilidad de disolver al grupo de Socialistas Abertzales ha impulsado a los partidos que componen el Gobierno de Vitoria a retomar las iniciativas que barajaron antes del verano para contrarrestar la ofensiva judicial contra la existencia de un grupo parlamentario compuesto por diputados de Batasuna. Tanto PNV como EA e IU consideran que sobre los pronunciamientos del Supremo «actúan los intereses del PP», pero las medidas a las que recurrir para dar respuesta todavía no se han concretado. Equipos jurídicos de cada uno de los partidos del Gobierno autonómico estudian qué vías hay para frenar la iniciativa del Supremo «en defensa de la autonomía parlamentaria»; la decisión final podría adoptarse el próximo martes en una reunión de la Mesa del Parlamento vasco. Izquierda Unida defiende la interposición desde el Gobierno Vasco de un conflicto jurisdiccional, mientras que PNV y EA observan un posible recurso al Constitucional que abra la vía de recurso en Europa, además de otras medidas de corte más político. Para las formaciones del Gobierno vasco, el Supremo ha actuado «al servicio del PP». En este sentido, el consejero de Justicia, Joseba Azkarraga (EA), calificó la última resolución del alto tribunal como «una decisión política» adoptada «desde la venganza», «que no está basada en planteamientos jurídicos». Para Azkarraga, este tipo de decisiones «poco se distinguen de las que en su momento adaptaban los tribunales de orden público», una situación en la que «a nadie puede extrañar que nosotros estemos reivindicando un Consejo Judicial Vasco». En la misma línea, el consejero de Asuntos Sociales, Javier Madrazo (IU), puso la decisión del Supremo «al servicio del PP» y con el objetivo de impedir el debate en el Parlamento del plan soberanista del lendakari Juan José Ibarretxe. La anulación de los acuerdos que frenaron la disolución de Socialistas Abertzales ha dejado a la Cámara de Vitoria en una situación de inseguridad jurídica: cualquier acuerdo futuro, del tipo que sea, podría ser anulado si en su contenido o en su procedimiento de aprobación el Supremo interpretara que se desobedece alguno de sus autos de ejecución de la sentencia de ilegalización de Batasuna. De esta forma, podría bastar la simple participación en un debate de los parlamentarios «batasunos» como grupo parlamentario para invalidar el acuerdo.