OPINIÓN
Problemas de incompetencia
LOS GOBIERNOS de Aragón y de Cataluña están en un grito ante la situación de la vía del AVE Madrid-Lleida y exigen que se garantice plenamente su seguridad, sin lo que se oponen abiertamente a que se inaugure el 11 de este mes. Al enorme socavón del jueves se une el descubierto este viernes, que ya está mucho más cerca de la vía, a unos 150 metros. El Colegio de Geólogos de Aragón ya no sabe cómo advertir de los graves riesgos, después de haberse cargado de razón cuando meses atrás advertían y el ministro Cascos les espetaba que sólo les guiaban intereses políticos. Pero es que ha seguido ocurriendo lo mismo incluso ahora. Esos dos Gobiernos regionales y la oposición política nacional exigen que se garantice la absoluta seguridad del tren por encima de las prisas de una inauguración que de todos modos lleva ya un año de retraso. ¿Pero qué es lo que está sucediendo? ¿Dónde están las respuestas que exige en su artículo de El País José Barrionuevo, que era ministro de Transportes cuando se hizo el otro AVE, el Madrid-Sevilla, cuyo éxito es clamoroso? La tesis oficial del Gobierno -como este viernes ha ratificado su portavoz, Eduardo Zaplana- es que la seguridad está garantizada y que no son necesarios más controles. Después de lo sucedido en los últimos meses y días, tras las repetidas advertencias de los geólogos, decir eso se me antoja de una temeridad infinita y de una espantosa irresponsabilidad política. Si inauguran sin más la línea y una semana, un mes o un año después se produce una gran catástrofe por el hundimiento bajo el trazado de alguna de las famosas dolinas de yeso o similares, ¿qué explicación nos daría el Gobierno? ¿Las mismas que para justificar la guerra de Irak, que se hizo sin el menor fundamento? El siempre prudente Cándido Méndez ha comparado certeramente el agujero de las dolinas con el agujero que en cualquier momento puede abrirse si estalla la burbuja inmobiliaria, como acaba de advertir nada menos que el Banco de España. Yo no quisiera vivir en un país donde los gestores públicos alcanzasen tales grados de incompetencia.