El Tribunal de Cuentas no controla el 25% de las subvenciones de los partidos

Los partidos políticos recibieron en el 2001 fondos públicos por un importe global de 165,6 millones de euros, de los que 149,6 millones se dedicaron a su funcionamiento ordinario y los otros 16,1 millones constan como subvenciones electorales del año precedente, según el informe realizado por el Tribunal de Cuentas, aprobado la pasada semana. El informe vuelve a señalar que algunas de estas subvenciones para el funcionamiento ordinario de los partidos políticos no figuran entre los recursos enumerados en la Ley de Financiación de Partidos Políticos de 1987, en alusión a ayudas económicas recibidas de comunidades autónomas o ayuntamientos que, según viene denunciando el Tribunal de Cuentas, no están amparadas por la legislación estatal. Ello pese a que suponen unos 40 millones de euros. Las aportaciones privadas han respetado, según el Tribunal de Cuentas, con carácter general las previsiones de la ley de 1987. La falta de incorporación de la actividad de la organización local y de los grupos políticos en las corporaciones locales por parte de la práctica totalidad de los partidos sigue siendo la principal queja del Tribunal de Cuentas. La falta de incorporación de la actividad de la organización local y de los grupos políticos en las corporaciones locales por parte de la práctica totalidad de los partidos sigue siendo la principal queja del Tribunal de Cuentas. Una cuarta parte Ya en el año 2000, más de una cuarta parte de las subvenciones públicas para el funcionamiento ordinario de los partidos políticos no pudo ser controlada por el tribunal, al haber sido obtenida por esa vía. Las formaciones políticas no declaran estas partidas en su contabilidad, ya que no están previstas en la ley de financiación de los partidos políticos de 1987, lo que las deja fuera del control efectivo del Tribunal de Cuentas. En cuanto a la falta de colaboración de las entidades de crédito, en el ejercicio del 2000 fueron 26 de ellas las que no atendieron alguna de las peticiones formuladas por los partidos políticos a instancias del órgano fiscalizador, lo que impidió confirmar operaciones de endeudamiento por valor de 16,4 millones de euros.