Asignaturas pendientes

UNA VEZ MÁS la cercanía de unos comicios generales, impulsan el «interés» de los políticos a revisar ciertos aspectos reivindicativos, que el colectivo de autónomos y empresarios han venido planteando a lo largo de las últimas legislaturas. El resultado hasta la fecha se ha caracterizado por la «austeridad administrativa», mostrándose excesivamente restrictivos hasta el punto de convertir los anuncios electoralistas de apoyo al colectivo, en charlatanería falaz y demagógica quedando en evidencia los ofrecimientos que desde las distintas sedes de los partidos políticos se venían orquestando. Cuando en la última convocatoria, Aznar anunció la erradicación del I.A.E. salían voces desde todos los confines del territorio nacional, ensalzando el hecho como si se tratara de la panacea a todos los males que el exhausto colectivo venía padeciendo. La exoneración de este compromiso no iba más allá que la percepción de una modesta limosna que, además, dejaba en evidencia las maltrechas y depauperadas arcas municipales, que por otros medios han venido resarciéndose con cargas superiores, como bien queda demostrado con la excesiva subida entre otras en el apartado de aguas, basuras y alcantarillados, antes y después del anuncio presidencial. Con el anuncio reciente de que el Gobierno va a incorporar a los autónomos a las prestaciones que asiduamente vienen percibiendo los trabajadores del régimen general (parte), no debe de tomarse como indulto excepcional, sino como pago a cuenta de una deuda pendiente que debería venir acompañada de los intereses atrasados, como la Agencia Tributaria viene agenciándose, o bien por descuidos, o por imposibles atenciones debido a penurias económicas. Si es cierto que de bien nacidos es ser no menos agradecidos, es también necesario recordar, a los «desfacedores del entuerto», de que aún quedan varias asignaturas pendientes, para finalizar la carrera de despropósitos que los autónomos han sido obligados a realizar. Existe un número muy respetable de estos trabajadores, que en su día por cuestiones estrictamente económicas, dejaron de cotizar las cuotas obligatorias de la Seguridad Social; no obstante una vez repuestos del «modus» económico, o por razones de otra índole, volvieron a incorporarse a esas prestaciones, pagando religiosamente todos los atrasos penalizados con ese 20%, con que los morosos son castigados, por el incumplimiento de sus obligaciones, a su debido tiempo. El hecho no tendría mayor trascendencia si el castigo quedara en ese 20% y la reincorporación a las cotizaciones mensuales siguieran desarrollándose con total normalidad. Pero he ahí que la sorpresa del cotizante la recibe en grado sumo al acceder al período de jubilación, cuando le informan de que las prestaciones efectuadas, más la penalización por interrupción obligada, no computan a la hora de percibir las pensiones. Somos receptores de una serie de quejas de infinidad de afectados, que aún siguen con la esperanza de ser rehabilitados a la condición de ciudadanos normales. ¿Por qué la pulcra Seguridad Social, por medio de los funcionarios de turno no avisaron a esos trabajadores de que las cuotas extemporáneas no tendrían validez, evitándole el «obligado» dispendio, contribuyendo de manera despiadada a ahondar más en el pozo sin fondo de sus casi ahogadas economías? ¿Por qué no han evitado el fraude devolviendo a esos/as indefensos contribuyentes el importe total, más los intereses de tales prestaciones? Esta forma de legislar, responde a algún contubernio político, que se hace muy necesario investigar. Por paparruchadas de «mierda», donde los afectados son elementos políticos, se forman tribunales de investigación, con costes prohibitivos que aumentan más y más las cargas de los agobiados contribuyentes de toda condición.