Moraleja en la justicia de menores

El ministro de Justicia, José María Michavila, ha prometido reformar la ley del Menor antes de que acabe el mes de noviembre bajo la premisa de que es una norma «blanda» para los delitos graves. Desde el PSOE, la oposición, se dice que la reforma llega tarde. En León, los responsables de su aplicación hacen balance de los tres años de rodaje en los que los juzgados, las fiscalías y la administración autonómica han tenido que digerir la incorporación de los expedientes de jóvenes que hasta el 1 de enero del 2001 eran mayores de edad penalmente. La conclusión es que el 90% de los expedientes de reforma terminan con una medida de resocialización en medio abierto y sólo en el 10%, generalmente en casos de reincidentes o delitos muy graves, se llega al internamiento. Es la filosofía de la ley trasladada a la realidad que permite que un joven que robó las banderas en un colegio pague su culpa ayudando por las tardes al bedel de un centro escolar. O enviar a un programa de educación vial a los menores que se «divertían» arrojando piedras en la A-6 en el Bierzo. Relacionar el daño y la pena «Si consigues que haya una relación entre el daño causado y la medida que se le aplica, el sentido de reparación es muy grande», afirma la directora de la Unidad de Intervención Educativa de la Gerencia de Servicios Sociales en León, Isabel Lorenzo. Las medidas para «castigar» a un menor las fija el juez una vez que el fiscal instruye el caso (hay quien dice que es un ensayo del futuro de la instrucción penal a la americana ). Pero no todas las denuncias que llegan a la fiscalía acaban con un expediente de reforma, ni mucho menos: de las 823 diligencias preliminares del año pasado (487 hasta junio del 2003) salieron 370 expedientes de reforma (151 este año), se celebraron 186 audiencias (110) y otras 22 fueron suspendidas (19). Un total de 546 jóvenes estuvieron implicados en los casos que llegaron a la fiscalía. Hasta junio de este eran ya 306 los contabilizados por la fiscalía. Dos terceras partes tienen 16 y 17 años y un tercio entre 14 y 15. Los de menos de edad no tienen ningún tipo de responsabilidad penal. La ley del Menor 5/2000 fue reformada dos veces antes de que entrara en vigor en enero de 2001. La adicional cuarta endureció los castigos en casos de homicidios o asesinatos, delitos de agresión sexual y de terrorismo. La reforma se hizo pensando en los jóvenes de la kale borroka. Cuando en octubre del 2000 los bomberos de León fueron alertados para sofocar un fuego en el Polígono X, los menores que protagonizaron los hechos, deternidos días después, no pensaban desde luego en que le ley iba a ser más dura o más blanda si les cogían. En el incendio, que se creyó provocado, ardían enseres del polideportivo. Dos chicos, al filo de los 16 años, fueron juzgados a la luz de la nueva norma. La sentencia estimó que el incendio fue imprudente (o lo que es lo mismo, que prendieron fuego para alumbrarse) y planteó, por un delito de robo con fuerza, que estos dos menores cumplieran condena (en sentido estricto, medidas) con servicios a la comunidad. Uno de los jóvenes acompañó, conversó y paseó con ancianos del módulo de asistidos en una residencia de la Gerencia de Servicios Sociales y lo hizo durante 70 horas de «forma responsable y con interés», según el informe de ejecución. Pero dadas las características del suceso, se acordó que la administración no pierda de vista al muchacho hasta que cumpla los 21 años. El fiscal de Menores considera que estas medidas son «adecuadas» porque «es una forma de hacerles ver que han privado a la comunidad de un bien». Se puede decir que tuvieron suerte de que no se pudiera probar que el incendio fue intencionado. La prestación de servicios en beneficio de la comunidad es una de las medidas de régimen abierto que contempla la ley del Menor para resocializar a jóvenes delincuentes entre 14 y 18 años de edad por faltas penales o delitos. El año pasado se ejecutaron 31 medidas de servicios a la comunidad en los jardines municipales, Cruz Roja y las residencias de ancianos de la Gerencia de Servicios Sociales, Los ayuntamientos de La Robla y San Andrés y dos centros de educación especial de la Diputación también tienen convenios para el cumplimiento de esta medida. La Junta es, para los menores, la administración «penitenciaria»: tiene proveer a los jueces de los profesionales y centros para ejecutar las sentencias. A leer y escribir Al fiscal de Menores, Avelino Fierro, no le dejan de sorprender los numerosos casos en que los jóvenes infractores carecen de los más rudimentarios instrumentos de alfabetización. Pero pueden estar «tranquilamente» en 3º de la ESO. Es el caso de un chico que robaba motos con el objetivo, al parecer, de obtener las mejores piezas para la suya. «No se admite el fracaso escolar», anotó irónicamente el fiscal en las notas a pie de página de las diligencias. El castigo del chaval, aparte de la retirada del permiso de conducir, fue enviarle a la escuela con un programa controlado por los técnicos de la Gerencia de Servicios Sociales. La unidad controló el año pasado el cumplimiento de 15 sentencias que obligaban a los infractores a realizar tareas socioeducativas y este año ha ejecutado 14 en la mitad de tiempo. «Hay chicos que sabes que son carne de prisión, pero si existe un mínimo de potencialidad para sacar adelante a uno, ahora tenemos muchos recursos», afirma Isabel Lorenzo. Aburridos a libertad vigilada La libertad vigilada es la medida que se utiliza con más frecuencia en medio abierto (casi en el 50% de los casos). El juez de menores de León, Teodoro González, explica que «obedece al perfil del menor con hábitos desarreglados y someterle al control que comporta, llega a ser un privilegio para la familia; en ocasiones nos han venido a dar las gracias». Es una medida híbrida cuyo fin es «la vigilancia y supervisión a cargo de personal especializado» del menor infractor para que adquiera «habilidades, capacidades y actitudes» y puede incluir prohibiciones y obligaciones a discreción de la imaginación del juez. Ahí está el caso, en León, de un muchacho juzgado por robo en gasolineras cuyo castigo es un contrato con la justicia que le compromete a ayudar en casa en las tareas domésticas, acudir al centro de drogodependencias de Cruz Roja y a cursos de orientación para el empleo en un centro municipal. «La libertad vigilada da muy buenos resultados porque les aburres y se diversifican las acciones para que se produzca un cambio en su vida», opina Fierro. La libertad vigilada supuso el año pasado el 50% de las medidas ejecutadas por la Junta para el castigo de menores en León. El juez Teodoro González explica que «obedece al perfil del menor con hábitos desarreglados». En su opinión, someterle al control que comporta, «llega a ser un privilegio para la familia, que en ocasiones nos han venido a dar las gracias». Falta una respuesta rápida El fiscal y la defensa de los menores son los únicos que pueden recurrir las sentencias del Juzgado de Menores. La personación de las víctimas como acusación particular es uno de los temas centrales del debate sobre la reforma de la Ley del Menor. El dictamen de la Audiencia Provincial de León decidirá el internamiento o la libertad vigilada para menor que agredió sexualmente a una amiga. El juez dictó libertad vigilada, pero el fiscal cree la entidad del delito requiere, al menos, un año de internamiento en el centro de reforma Zambrana, de Valladolid. Es el único penal para menores de la Junta en Castilla y León, que tiene demanda de otras comunidades autónomas, como el País Vasco, donde hay lista de espera para derivar a un centro de reforma a los jóvenes condenados a reclusión. «No hay una respuesta rápida para las infracciones de los jóvenes y ello hace que las medidas no sean educativas ni eficaces», asegura la fiscalía de menores de León al hacer el balance del 2002. La Fiscalía General del Estado recoge literalmente esta «pesimista» opinión en su memoria. El año pasado se ejecutaron en el Zambrana 12 internamientos de sentencias del Juzgado de Menores de León y hasta junio de este año fueron cinco. También implican reclusión los ingresos terapéuticos por adicciones o enfermedad mental (cuatro en lo que va de año y seis el año pasado), el resto de las medidas, aproximadamente el 90%, son cumplidas por los jóvenes en su casa o en instituciones concertadas bajo la supervisión de educadores. Reclusión como medicina El internamiento como medicina, al igual que las tareas en beneficio de la comunidad y el tratamiento ambulatorio son voluntarios. Tienen que contar con el asentimiento de los menores, pero raro es el que se niega. «Se intenta que las medidas se ejecuten en su medio», precisa la psicóloga. Por este motivo, la Gerencia de Servicios Sociales ha firmado un convenio con el Consejo Comarcal del Bierzo. Los arrestos de fin de semana, en centro o en domicilio, y la convivencia con grupo educativo (en una casa controlada por educadores) son otras de las medidas en medio abierto. Pero también hay internamientos en medio abierto y semiabierto e incluso amonestaciones (31 en lo que va de año). El juez de León asegura que «la amonestación es eficacísima porque normalmente el receptor, más que el menor, es el padre o la madre, que a veces hacen verdaderos actos de arrepentimiento en cuanto a la manera de conducirse con el chico». Perfil: chico de 16 a 17 años En el momento de cometer los delitos o faltas la mayoría de los jóvenes tenían 16 y 17 años -931 en el 2002- frente a sólo un 30% con 14 y 15 años (385 en el 2002). Por sexos, hay una gran mayoría de hombres, aunque aumenta la delictividad en las chicas. La Guardia Civil detuvo en León el año pasado a 40 hombres y tres mujeres menores de edad y en los seis primeros meses del 2003 fueron 27 hombres y siete mujeres.