'Si se aplica la ley con cierto rigor, las penas son bastante duras'

Teodoro González Sandoval tiene, desde hace cinco años, la balanza de la justicia de menores en León, un trabajo del que defiende «la finalidad eminentemente educativa» por encima de la «vindicativa» o el «afán de revancha» ante casos de extrema gravedad. «Mal asunto es que planteemos cambiar la ley ante casos puntuales», indica sobre la polémica sobre la eficacia de la actual legislación con los menores ante casos como el crimen de la catana, cometido por un menor durante un permiso, o el rapto, violación y asesinato en Madrid de una niña discapacitada a manos de varios jóvenes. -Después de tres años de experiencia con la Ley del Menor, ¿diría que es blanda? -Si se aplica la ley con cierto rigor, las penas son bastante duras. Hay que recordar que, a menos de un año de su aprobación, ya se reformó para endurecer las medidas en casos de homicidio, asesinato, agresiones sexuales y delitos de terrorismo. Si tiene entre 16 y 18 años se contemplan de uno a ocho años de internamiento (hasta diez si concurren varios delitos) más una libertad vigilada de cinco años. Para los de 14 a 16, de uno a cuatro años y libertad vigilada durante tres años. Las instituciones públicas van a intervenir por espacio de 13 y de siete años. Y hay otra cosa importante: el tiempo no cuenta igual a la edad de un adolescente que a los 40-46 años. -¿No cree que sea necesaria la reforma? -No creo que se deba actuar a golpe de casos de delincuencia de alta tensión. Me limito y me remito a los períodos de duración de las medidas: me parecen importantes; una persona puede entrar a los 17 años y salir a los 25. ¿Qué vamos a conseguir con que esté otros años más? La delincuencia juvenil requiere otro tipo de medidas, sobre todo preventivas: que se atienda adecuadamente a las familias, se ponga dinero para apoyarlas cuando atraviesan por dificultades; en los institutos debería ser tan importante el psicólogo como el catedrático. Hay mucho tutor y control de si se asiste a clase o no, pero no se analiza el motivo. Hace falta una política que favorezca el pleno empleo y retribuciones salariales justas. Detrás de un buen porcentaje de menores infractores hay escasez de recursos económicos, bajo nivel cultural de los padres y falta de destrezas en la educación de los hijos. Agravar las penas sería reconocer la incapacidad del sistema para socializar y para esto hay una edad. La ley está imbuida de ese afán educativo y socializador. -¿Qué cambiaría de la ley? -Aspectos formales. Por cada hecho que comete un menor hay que emitir dos sentencias y tramitar dos procedimientos. Cuando se tratan de daños de escasa cuantía mucha gente acaba renunciando porque es un calvario. En cuestiones de fondo, la ley es garantista para el menor y lo deseable es que se dote. Estoy convencido de que la resocialización no es una creencia ingenua. Hay que luchar, merece más la pena recuperar a un menor que a un delincuente de 60 años. (El juez señala como caso ejemplar a un joven que cometió un homicidio: ha pedido perdón, trabaja y tiene novia).