'Las medidas no buscan intimidar y los chicos no perciben castigo'

Avelino Fierro, fiscal de Menores de León, es claro a la hora de afrontar la polémica sobre el cambio de la Ley del Menor. «No creo que haya que reformar el artículo 25» que permite a los perjudicados personarse en el procedimiento contra un menor, pero no ejercer como acusación. Es un principio, añade, que estuvo vigente incluso en las etapas más duras de la reforma de Menores. Lo que a su juicio es preocupante es la desaparición de la «prevención especial» del derecho penal del menor. Se explica: «Las medidas no pretenden intimidar a los menores y esto tiene una consecuencia funesta, que no perciben el castigo, sino una molestia». La «prevención especial» de la Ley del Menor tiene como objetivo la resocialización de los jóvenes infractores, pero a «la ley y las instituciones que la tienen que impartit le faltan referentes de autoridad» sobre los chicos. Avelino Fierro argumenta que «ha habido un fracaso en los grupos primarios: familia, escuela y entorno social», atribuible, en ciertos casos, a la situación creada por «el acceso de la mujer al mundo del trabajo y la falta de un referente de autoridad del padre». Asimismo, considera que los mensajes «antipedagógicos» e incluso «criminógenos» que se lanzan desde la televisión y la publicidad sólo incitan a los chicos a consumir y a conseguir el éxito a cualquier precio. La fiscalía de menores de León no tuvo reparos en confesar ante la Fiscalía General del Estado que «la carencia de medios y el garantismo y burocratización del procedimiento» impidió durante los dos primeros años de vigencia de la ley -2001 y 2002- «ir más allá de la rutina». Esto trajo como consecuencia, añade, que «los logros en la resocialización de los delincuentes juveniles son más bien escasos». En definitiva, «sólo el esfuerzo de todos los que intervenimos en esta jurisdicción ha paliado en parte la previsión de quienes predecían que la ley del Menor iba a ser un brindis al sol extraordinario». La experiencia de León ha confirmado la teoría de quienes observan una «sensación de impunidad de los menores frente a la actual regulación». Los fiscales -añade Fierro- demandan una reforma que amplie de seis meses a un año del internamiento cautelar para evitar casos como el de las adolescentes de Cádiz que mataron a una chica por «fama» y extienda el internamiento cerrado a multirreincidentes en robo con fuerza, hurto y tráfico de drogas. También ven imprescindible que se aplique el procedimiento de juicios rápidos para las faltas como única salida para agilizar la tramitación de expedientes en los juzgados de menores y ganar en inmediatez a la hora de aplicar las medidas. Esto significa que el informe del equipo técnico de los Juzgados -en quienes ve cierta benevolencia a la hora de analizar a los menores infractores- tendría que ser oral. Los fiscales también son partidarios de suprimir la pieza de responsabilidad civil (la reclamación para indemnizar a las víctimas) y unirla al procedimiento penal.