La UE reconoce el derecho a voto de los gibraltareños en las elecciones europeas

La Comisión europea decidió ayer no intervenir, al menos por el momento, en el contencioso que enfrenta a España con el Reino Unido, a cuenta de la Ley electoral aprobada el pasado mes de mayo por la que se reconoce derecho de voto a los ciudadanos gibraltareños en los próximos comicios europeos. Una declaración aprobada ayer por el Ejecutivo comunitario establece que los derechos de voto conferidos a los ciudadanos gibraltareños por el Gobierno británico se encuentran «dentro del margen de discrecionalidad conferido a los Estados miembros». La afirmación precedente la funda la Comisión en un «análisis profundo de la protesta formulada por España», y en una audición que tuvo lugar el pasado 1 de octubre. La Comisión apuesta abiertamente por un arreglo bilateral del contencioso, si bien no descarta la emisión de un dictamen motivado (contra España), razonando la fundamentación de sus argumentos. La inexistencia, por el momento, de ese «dictamen motivado», responde «a lo sensible del asunto bilateral subyacente». Recurso de España España recurrió el pasado mes de julio, ante la Comisión, la nueva ley electoral británica en la que aparecen contenidas las provisiones sobre Gibraltar, al entender que, por conferir a los gibraltareños la facultad de definir el censo en función de sus propias normativas, se abre con ello la vía a que en las próximas elecciones a la Eurocámara voten ciudadanos no europeos. Además, el hecho de combinar el territorio de Gibraltar con una circunscripción electoral británica, a los efectos señalados, despierta serias dudas de legitimidad en la Abogacía del Estado. España no cuestiona que el Reino Unido se haya visto obligado a regular el voto gibraltareño, a raíz de una sentencia de la Corte europea de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, que le obliga a conferir derechos de voto a los ciudadanos residentes en Gibraltar con pasaporte británico. España tiene abierta la vía al recurso ante la Justicia europea, que ha amenazado con emplear. El ministerio de Asuntos Exteriores español subrayó ayer que la postura de la Comisión Europea se trata de una declaración y no de un dictamen. «Es una declaración de la Comisión Europea que hemos leído con sumo interés, tomando nota de que no se trata de un dictamen según el artículo 277 del Tratado de la Comunidad Europea», según indicó ayer un portavoz de la Oficina de Información Diplomática (OID). Oferta de diálogo Por su parte, el Gobierno del Reino Unido se ofreció ayer a dialogar «amistosamente» con España sobre este tema. «Somos dos países amigos y ésta es una disputa entre amigos. Por supuesto que estamos dispuestos a dialogar con España sobre el tema bajo esta premisa», dijo un portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores. Pese a la oferta de diálogo a España, el Gobierno británico sigue «absolutamente convencido» de sus argumentos en el caso, sobre todo «tras ver lo que la Comisión dijo ayer», señaló el portavoz.