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El Gobierno garantiza la derrota jurídica del proyecto soberanista

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r.g. | madrid
León

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El Gobierno está convencido de que la derrota «jurídica» del plan Ibarretxe es inevitable. Basa su optimismo en el amplio arsenal de recursos legales que tiene listo la tramitación en el Parlamento vasco de la propuesta. El Ejecutivo resolverá si interpone la primera impugnación cuando la Mesa de la Cámara de Vitoria califique la iniciativa, decisión que, en principio, está prevista para el 4 de noviembre. Eduardo Zaplana aseguró que el Gobierno central ganará «la batalla jurídica» porque tiene respuesta para todas las posibilidades que puedan plantearse en el Parlamento vasco. Los servicios jurídicos de la Administración han estudiado los diferentes escenarios que pueden surgir y han elaborado una respuesta para cada uno. «Nada» está descartado, indicaron fuentes gubernamentales. Cabe incluso la posibilidad de que el Gobierno no espere siquiera a que la Mesa del Parlamento vasco se pronuncie y que el Consejo de Ministros de hoy acuerde la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la propuesta del Ejecutivo de Juan José Ibarretxe. Según los juristas, el texto del Gobierno vasco plantea una reforma de la Constitución camuflada de modificación del Estatuto y, por tanto, utiliza una vía inadecuada para modificar la Carta Magna que es recurrible ante el Constitucional. Reforma del Constitucional Otra alternativa que está sobre la mesa es la reforma de la ley del Tribunal Constitucional para reponer el recurso previo de inconstitucionalidad, que paraliza la tramitación de la iniciativa. En el Gobierno existen defensores y detractores de esta solución. Los primeros argumentan que así se evitaría que un texto aprobado en Vitoria sea rechazado por el Congreso con el consiguiente enfrentamiento de legitimidades democráticas. Los segundos consideran que sería un retroceso porque este mecanismo tiene un sesgo antidemocrático ya que impide el debate. Una tercera posibilidad es esperar a que la Mesa de la Cámara vasca decida qué procedimiento va a emplear para la tramitación de la propuesta y si se decide por una fórmula extraordinaria, como pidió el lendakari, los grupos Popular y Socialista podrían recurrir ante el Constitucional.

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