PP, PSOE e IU discrepan del sentido del recurso anunciado por el Gobierno
El Gobierno y el PP afirman que la decisión de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Plan Ibarretxe se basa en informes de los servicios jurídicos del Estado, en tanto que el PSOE cree que estos recursos sólo pueden interponerse sobre leyes aprobadas e IU dice que esta decisión «es contraria a todo derecho». Por el contrario, el lendakari, Juan José Ibarretxe, afirmó que «detrás de este debate, sobre su propuesta de nuevo Estatuto vasco, está el fin de la violencia política para el País Vasco». El ministro portavoz del Gobierno, Eduardo Zaplana, manifestó que el Plan Ibarretxe es una propuesta «segregacionista» que no va a avanzar «bajo ningún concepto» y que requiere una respuesta «firme y contundente» como la que plantea el Gobierno. Zaplana afirmó que el Gobierno Vasco «debía saber» que el ataque a la Constitución y a la convivencia «no le podía salir gratis», en relación al recurso ante el Tribunal Constitucional contra la propuesta de Estatuto aprobada por el Gobierno Vasco. «A nadie le debe extrañar que, ante un desafío de esa naturaleza, el Gobierno responda con toda la contundencia del mundo, con todos los medios legales a nuestro alcance y con todas las armas del Estado de derecho», apuntó Zaplana, en tanto que el ministro de Justicia, José María Michavila, resaltó que el plan soberanista de Ibarretxe «es una mutilación de la Constitución». En el mismo sentido se expresó el vicepresidente segundo del Gobierno, Javier Arenas, quien dijo que el Ejecutivo ha basado su decisión de presentar el recurso en los informes de los servicios jurídicos del Estado, que son «de la máxima solvencia». Arenas añadió que «decidiremos tranquilamente el día y la forma» de la interposición del recurso contra este plan, impulsado por Ibarretxe, y confió en contar con el apoyo del PSOE a la respuesta jurídica del Gobierno al proyecto del nacionalismo vasco. El Plan Ibarretxe no tendría rango de ley ni siquiera si lo aprobase el Parlamento Vasco, pues una modificación de un Estatuto sólo se convierte en ley cuando las Cortes Generales la aprueban, señaló López Aguilar. «La inconstitucionalidad no se puede hacer valer en abstracto ni de cualquier manera, sino por los cauces procesales que contempla la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional», dijo el representante del PSOE.