Más de 30.000 guardias civiles han sido sancionados con penas de privación de libertad desde 1991

Según los datos del propio Ministerio del Interior, durante la última década (desde que en 1991 se aprobara el régimen disciplinario propio de la Guardia Civil) más de 30.000 agentes ha sido sancionados con penas de privación de libertad. La legislación vigente establece que un simple sargento de la guardia civil puede sancionar a un subordinado con un mes de arresto por una falta leve, mientras que un general de zona tiene potestad para castigar hasta con dos meses de reclusión en un «establecimiento disciplinario militar» a un agente por una falta grave. Los tribunales militares, según el Código Penal Militar, están cualificados para enviar a la cárcel hasta dos años a los guardias civiles acusados de un «delito» de desobediencia. España, reconocen fuentes de la propia institución, es uno de los pocos estados de la UE que en el momento de suscribir el Convenio Europeo de los Derechos Humanos planteó una reserva a su artículo quinto (nadie puede ser privado de su libertad sin intervención judicial) para poder así facultar a los mandos militares para continuar imponiendo penas de prisión y arresto a los miembros de las Fuerzas Armadas, aunque no especificó que esta reserva también afectara a los miembros de la Guardia Civil. La asociación profesional mayoritaria de la Guardia Civil, AUGC, recurrió en marzo del 2001 ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo el régimen disciplinario de la Guardia Civil y la aplicación de la justicia militar a los guardias para casos de faltas disciplinarias. La asociación denunció entonces la «falta de garantías en los procesos de privación de libertad» contra los guardias civiles, en los que no interviene tribunal alguno. Asimismo, el régimen disciplinario de la Guardia Civil y la reserva al convenio europeo contraviene los artículos 8 y 10 de la declaración universal de Derechos Humanos.