«Ningún dinero devuelve lo perdido»

«Desde la conciencia de que ninguna indemnización puede devolverles lo que perdieron como consecuencia de la reclusión», el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó en octubre un nuevo decreto que suprime el período mínimo de tres meses de reclusión por motivos políticos para acceder a una compensación económica de la administración autonómica. Es la segunda convocatoria de la Junta desde que en el 2001 las Cortes acordaron materializar el resarcimiento a uno de los grupos de represaliados por la Dictadura, los ex presos políticos vivos (o sus cónyuges supérstites). Desde enero del 2003 hasta la fecha, 282 personas fueron indemnizadas con 1,2 millones de euros, lo que supone una indemnización media de 4.409 euros por cada individuo. León es la provincia donde más peticiones se aprobaron (72), seguida de Valladolid (57), Palencia (52), Zamora (27), Salamanca (20), Soria (20), Segovia (12) y Burgos (9). El primer decreto de la Junta que reguló las compensaciones por tiempos de prisión durante el franquismo excluía a las personas que no pudieran acreditar un mínimo de tres meses de reclusión. El nuevo decreto -Bocyl 8 de octubre de 2003- pretende hacer frente «a situaciones singulares» para acceder a esta prestación única y sin carácter periódico. El plazo para solicitarlo es indefinido y excluye a aquellas personas que no residan en la comunidad con al menos dos años de antelación a la presentación de la solicitud. Las cuantías fijadas son de 200 euros por mes de reclusión para los mayores de 65 años y de 150 euros para los que tienen una edad inferior. La Junta argumenta que la iniciativa supone «por una parte el reconocimiento de la Comunidad de Castilla y León a las personas que sufrieron privación de libertad por defender los valores democráticos» y, por otro lado, paliar la exclusión de un colectivo significativo de personas de las indemnizaciones libradas por el Estado entre 1990 y 1998. En León cobraron una indemnización media de millón de pesetas un total de 1.211 ex presos políticos. Fueron rechazadas otras 427 solicitudes por no acreditar el tiempo mínimo de prisión exigido (tres años) en los decretos del gobierno socialista de 1990 y 1992 y tres por no tener la edad legalmente exigida (65 años o más). Excluidos los emigrantes Los no residentes en Castilla y León no tendrán derecho a la indemnización. En esta situación se encuentran algunos de los procesados en el consejo de guerra 68/68 celebrado en el cuartel de San Marcelo de León el 24 de octubre de 1970. Matías Martínez, que trabaja en Barcelona desde hace varios años, dice escéptico: «¿Qué van a indemnizar? Como mucho, nos darán para café. A mí nadie me repara lo que he perdido no sólo durante la cárcel, sino también en los años que estuve en busca y captura y trabajaba clandestino, sin poder darme de alta en la Seguridad Social». Añade Martínez que «en su día ya lo pagué con toda suerte de dificultades de supervivencia y lo voy a pagar en la jubilación porque me impidieron estar en una situación de normalidad». Ángel Villa, ex secretario provincial de Comisiones Obreras y ex preso, anima a todas las personas afectadas a que soliciten la compensación, aunque reconoce que la Transición fue muy «sui generis». Carlos García añade que el no reconocimiento a las víctimas del franquismo fue un «déficit de la Transición. Esto llega demasiado tarde», concluye.