Ellos administran los bienes hasta una ley de 1981

La séptima constitución de la historia española decretó la igualdad legal; la real está todavía en camino y a la vista están los planes de igualdad de oportunidades. Durante los 25 años de vigencia se han tenido que arrancar derechos que aún después de la Carta Magna permanecían negados en el Código Civil, como el ejercicio de la patria potestad y la administración de bienes dentro del matrimonio, que hasta el 13 de mayo de 1981 fueron patrimonio de los maridos. El adulterio había quedado despenalizado en 1978, pero hasta un año antes la mujer alcanzaba la mayoría de edad a los 23 y no a los 21 años como los hombres. La Constitución situó la edad adulta para ambos sexos en 18 años. Con la nueva ley desaparece, en teoría, la figura del «cabeza de familia» que hasta 1967 canalizó el sufragio femenino en las escasas consultas plebiscitarias de la dictadura. El peso de sumisión y obediencia con que cargó la mujer durante la Dictadura no fue fácil de liberar de la cultura aunque desde 1966 se permitiese el acceso a la judicatura y a los altos cargos de la Administración, hasta entonces vetados para el sexo femenino, y dos años después se suprimiese el deber de pedir excedencia forzosa en las empresas al casarse. La Constitución tenía ya 21 años cuando se permitió la entrada de la mujer en el Ejército. El divorcio llegó un siete de julio de 1981, pero aún sería obligatorio, un año más, que los hijos adquirieran la nacionalidad del padre. En 1983 se creó el Instituto de la Mujer y también se despenalizó la esterilización masculina y femenina. En 1989 se tipifica por primera vez el delito de malos tratos. Y en el 2003 se considera delito toda agresión en el ámbito familiar.