Un centenar de expertos critica la argucia legal del Gobierno

«Oportunista y descontextualizada, ayuna de toda reflexión y debate». Esa es la crítica que 110 expertos en Derecho Constitucional dirigen hacia la reforma legal aprobada ayer en el Senado que castiga con penas de tres a cinco años de cárcel la convocatoria de consultas populares como la prevista en el Plan Ibarretxe. Los juristas firman un manifiesto en defensa de la Constitución convocados por la Fundación Alternativas, próxima al PSOE. El documento asegura que la reforma impulsada por el Ejecutivo «manifiesta un más que preocupante modo de ejercicio del poder» basado, entre otros extremos criticables, en «la ilegítima y torpe utilización de las normas penales como instrumento de lucha política y de pretendida rentabilidad electoral, actitudes propias de una mentalidad antidemocrática». El origen del manifiesto es otro: la conmemoración del 25 aniversario de la Constitución. Al hilo de ese evento, los firmantes reclaman una reflexión ante lo que denominan la «involución democrática» que, en su opinión, provoca la gestión del PP, al que no citan en todo el documento. Ejemplos de esa regresión citados por los juristas son, entre otros, la reforma del Código Penal que busca frenar el Plan Ibarretxe.