La atención a la tercera edad genera ya en la provincia más de 2.200 empleos

Más de 2.200 empleos públicos y privados dependen ya en la provincia de la atención a la tercera edad, un segmento poblacional que, a su vez, representa casi la cuarta parte del censo. Medio centenar largo de residencias públicas y privadas y, sobre todo, una amplia red de asistencia a domicilio para los ancianos que tienen dificultades para valerse por sí mismos constituyen el entramado de una economía emergente con un peso cada vez mayor en el sector de servicios. Sólo la Diputación atiende a lo largo y ancho de la provincia a más de dos mil jubilados en atención domiciliaria, adjudicada en régimen de subcontrata a dos empresas privadas que se reparten el negocio en León de «Astorga hacia el Bierzo y de la Maragatería para acá», según el diputado de Bienestar Social, Agustín García Millán. El servicio ha sido subarrendado a empresas privadas por lo difícil de su gestión, dando empleo, en todo caso a más de quinientos trabajadores. Según García Millán, la Diputación está gastando en este tipo de programas casi cuatro millones de euros al año, el equivalente a 650 millones de las antiguas pesetas, con un presupuesto que no hace más que crecer y que se financia en un 54% por la Junta y en el 46% restante con fondos de la propia Corporación Provincial. Tarifas mínimas Las empresas contratadas por la Diputación dedicaron el último año 356.000 horas de trabajo a cuidar de los ancianos que les habían sido encomendados, «siempre de forma complementaria y no sustitutoria del que deben prestar las propias familias», según García Millán. Teóricamente la asistencia a los jubilados debe limitarse, como máximo, a 52 horas al mes -menos de dos al día- pero en la práctica se prolonga o abarca más tareas de las que deberían corresponder a este tipo de servicios sociales: aseo del domicilio, lavado de ropa, labores personales y domésticas o «paseos por el entorno», etcétera, dentro de una horquilla de ayudas donde la familia, de hecho, no aporta nada a personas, igualmente de hecho, en régimen de semiabandono. Las tarifas que la Diputación cobra por este tipo de servicios son prácticamente simbólicas, con apenas tres euros al mes para quienes acrediten una pensión inferior a 52.000 pesetas, y un máximo de 40 euros para los que cobren más de 190.000 pesetas, que, en todo caso, constituyen una exigua minoría. Los servicios sociales del Palacio de los Guzmanes tienen otro medio milllar de personas en lista de espera, repartidas igualmente por todos los municipios de la provincia, salvo los que cuentan con más de 20.000 habitantes -Ponferrada y San Andrés del Rabanedo, además de León capital- a mayores de otros noventa internos en la residencia geriátrica Santa Luisa, con un presupuesto añadido de dos millones de euros más al año, donde no hay lista de espera para ingresar, al menos oficialmente, porque para ello se exige que todos los aspirantes a una plaza puedan valerse por sí mismos. Según García Millán, las demandas de atención a personas mayores se han disparado en los últimos años hasta multiplicarse por tres desde finales de los noventa en toda la provincia, independientemente de comarcas. «Nos llegan de todas partes, obviamente con mayoría de zonas rurales y pueblos pequeños, aunque la proporción no cambia por zonas». Para atenderlos se presisa un 20% de personal altamente cualificado, como médicos, fisioterapeutas, enfermeros, etcétera, y otro 80% de cuidadores con su propia preparación profesional.