La tercera Ley de Extranjería de la legislatura popular entra hoy en vigor
La tercera ley de Extranjería de esta legislatura entra en vigor hoy, 30 días después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y nueve meses después de que una sentencia del Tribunal Supremo anulara una decena de artículos del reglamento de la anterior ley, forzando así a una nueva reforma de la normativa de inmigración española. El texto, que será desarrollado por un nuevo reglamento en el que el Ministerio del Interior ya está trabajando, fue pactado el pasado mes de septiembre por el PSOE y el Gobierno, después de que el Ejecutivo aceptara una veintena de enmiendas socialistas al articulado redactado por la Delegación para la Extranjería. Amplio consenso Se trata, pues, de la Ley de Extranjería más consensuada de la democracia. En su trámite en el Congreso obtuvo un 95 por ciento de apoyos entre los diputados: 254 votos a favor (PP, PSOE, CC), 14 en contra (IU y grupos Vasco y Mixto) y 12 abstenciones (CiU). Un amplio acuerdo parlamentario que no se ha traducido en la calle, donde la práctica totalidad de los organismos de defensa de los inmigrantes ha criticado sin ambages una norma que creen tan represiva con el resto de leyes de extranjería de los últimos cuatro años. No obstante el acuerdo con el PSOE, esta normativa continúa, tal y como reclamaba la oposición, sin modificar la negativa de anteriores textos a reconocer a los «sin papeles» los principales derechos sociales (reunión, asociación, manifestación y huelga). La práctica La nueva ley endurece las sanciones a los transportistas que trasladen clandestinos con multas de hasta medio millón de euros para estas empresas. Los transportistas, incluso, deberán de informar a Interior de los inmigrantes que no utilicen sus billetes de vuelta, bajo la amenaza de que la negativa a proporcionar estos datos a la policía será considerada infracción muy grave, penada con multas de hasta los 6.000 a 60.000 euros. La creación de un visado para buscar trabajo, una idea propuesta por el Partido Socialista, se incluyó a última hora en un articulado que pone en marcha el Observatorio contra el Racismo, facilita visados por malos tratos y limita las reagrupaciones familiares en cadena.