El Estado recurre el Plan Ibarretxe por su «máxima significación política»
La Abogacía del Estado ha solicitado al Tribunal Constitucional que admita a trámite el recurso interpuesto por el Gobierno contra el Plan Ibarretxe, ya que considera que las acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno vasco y por la Mesa del Parlamento autonómico incorporan una decisión de la «máxima significación jurídica». El Plan Ibarretxe, añade, pretende ser un acto constituyente que está en frontal oposición a la Carta Magna. El recurso es procedente, según la Abogacía del Estado, porque «el fondo de este asunto está en si el poder de iniciativa atribuido a un Gobierno autonómico para reformar el Estatuto de Autonomía puede ejercitándose apartándose por completo, y de manera deliberada, de la referencia constitucional». Así se explica en las alegaciones presentadas ante el Tribunal Constitucional. La impugnación, continúa la Abogacía del Estado, no busca promover de forma preventiva el control de constitucionalidad de dicha propuesta, como denuncia el Gobierno vasco, «sino determinar si el acuerdo del Gobierno vasco que aprueba dicha propuesta de Estatuto Político respeta el Estatuto de Autonomía del País Vasco y la Constitución española». Junto al escrito de alegaciones, la Abogacía adjunta tres dictámenes firmado por los catedráticos de Derecho Tomás Ramón Fernández Rodríguez, Pedro González Trevijano y Juan Alfonso Santamaría Pastor. Los tres aseguran que los acuerdos del Gobierno vasco y de la Mesa de la cámara son «objetos idóneos» de la impugnación presentada por el Gobierno. Proceso constituyente Así, la Abogacía asegura que el Plan Ibarretxe puede obedecer a dos objetivos. El primero, hacer prevalecer, en virtud de los derechos históricos de los territorios forales, que al Constitución española no rige en el País Vasco o lo hace de manera muy menguada. Y el segundo, para imponer la reforma constitucional que es precisa para que el proyecto nacionalista sea compatible con la Carta Magna. En ambos casos, la Abogacía considera que el Plan pretende incoar un proceso constituyente en una parte del territorio español. Es decir, pretende que el texto sea un acto constituyente originario, no sujeto a ningún límite previo, «como auténtica autocreación ' ex nihilo' ('de la nada' ) de un nuevo sujeto soberano».