Diario de León

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El Gobierno niega ser responsable de las tensiones nacionalistas Salvados por las elecciones

La inminente campaña electoral frena la subida de los impuestos municipales. La mayoría de los ayuntamientos españoles suben sus tasas en el 2004, pero por debajo del incremento del IPC

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Laura L. Vilamor - p.l.h. | madrid madrid
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El Gobierno dejó ayer claro que no se siente responsable del encrespamiento de los nacionalismos, que en esta legislatura ha contribuido a acentuar la tensión autonómica. El portavoz del Ejecutivo, Eduardo Zaplana, aseguró que la actitud del gabinete de José María Aznar y su forma de afrontar los problemas territoriales nada ha tenido que ver con cuestiones como el crecimiento que experimentó en las recientes elecciones catalanas la formación independentista Esquerra Republicana de Catalunya, un partido marginal hasta el pasado 16 de noviembre que ahora ostenta importantes responsabilidades en la Generalitat catalana. «No creo que el Gobierno haya sido responsable de que, después de cuatro años, no acompañe un debate de esta naturaleza; al revés, ha propiciado un desarrollo amplio de los estatutos de autonomía», apuntó el ministro Portavoz, tras la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros del año celebrado ayer. Suprimido el impuesto de actividades económicas (IAE) y modificado el sistema de financiación local, la subida de los impuestos municipales el próximo año pudo ser espectacular, pero la inminente campaña electoral ha frenado los ímpetus recaudadores de los ediles. En 2004, la practica totalidad de los ayuntamientos españoles suben los impuestos, pero en una proporción menor a otros años: para no perder votos, todos los consistorios, cualquiera que sea su color, han optado por ajustarse el cinturón para satisfacer la voluntad popular. Las únicas excepciones, Bilbao y Zaragoza, han tenido que dejar a un lado las rebajas para tratar de paliar la deuda municipal, que en el caso de la ciudad aragonesa asciende a 902 millones de euros. En ambos casos, el arma electoral que supone bajar los tributos se ha tenido que supeditar a las necesidades de los dos consistorios. Un ejemplo de la variabilidad de la presión fiscal según haya o no comicios es Valladolid. Gobernada por el Partido Popular, en 1997 el consistorio pucelano subió el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) un 2,6 por ciento; en 1998, un 2,1; un 3,5 en el año 2000; un 5,7 en 2001, y un 4,9 por ciento en 2002. Sin embargo, de cara a los años electorales los incrementos fueron leves: de un 1,8 por ciento en 1999 y apenas un 0,4 para el próximo año. No todas las ciudades suben los impuestos en la misma medida. Los ayuntamientos de Badalona (PSOE) y Cádiz (PP) son los más que más cobran sus servicios a los vecinos, mientras que las arcas municipales de Cáceres (PP) y Dos Hermanas (PSOE) son las que menos dinero recaudan. El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, desencadenó la polémica tras anunciar, para luego retractarse, su propuesta de incrementar el impuesto del IBI a las casas vacías para 2004. Esta medida situó a todos los municipios españoles en el punto de mira. El resultado: todos los alcaldes suben los impuestos el año que viene amparados en la «necesidad» de actualizar anualmente estas cifras respecto al crecimiento del IPC o para rebajar la deuda municipal, como es el caso de Bilbao y Zaragoza. Todos los municipios se quejan del desamparo económico estatal. Tienen que hacer frente a los gastos y al crecimiento de las ciudades por sí mismos, mientras que el Gobierno y las comunidades autónomas subvencionan sólo unos mínimos insuficientes, por lo que se ven obligados a recurrir a los impuestos y a créditos a largo plazo.

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