El Tribunal Constitucional convierte en definitiva la ilegalización de Batasuna

El Tribunal Constitucional ratificó ayer, por unanimidad, la validez y total adecuación a ley de la sentencia del Tribunal Supremo, de 27 de marzo pasado, por la que se ilegalizó Batasuna y se suspendieron todas las actividades de este partido político. Los magistrados de la Sala Segunda de la corte constitucional, tras cuatro días de deliberaciones técnicas, acordaron una sentencia sin votos discrepantes en la que se rechazan todos los argumentos del recurso de amparo presentado en abril por el partido ilegalizado y por la que dicta un fallo desestimatorio. La desestimación del recurso de amparo agota todas las vías jurídicas contra la ilegalización en España, y a la «izquierda abertzale» -definitivamente excluida de los comicios generales a celebrar en marzo-, ya sólo le cabe presentar un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Decisión unánime La decisión del Constitucional fue adoptada de manera unánime por los seis magistrados de la Sala Segunda, compuesta por el vicepresidente del tribunal, Tomás Vives, y por los magistrados Eugenio Gay, Elisa Pérez Vera, Pablo Cachón, Guillermo Jiménez y Vicente Conde (ponente y redactor de la resolución). Pese a los días utilizados para deliberar el fallo, entre los juristas en momento alguno hubo discrepancias de fondo, sino meras discusiones técnicas a la hora de estructurar y argumentar la resolución. El contenido de la sentencia no será conocido hasta la próxima semana. El fallo fue comunicado ayer a Batasuna, a la Fiscalía y al Gobierno. La sentencia, según fuentes jurídicas, confirma la resolución del Supremo que declaró que la ilegalización de Batasuna es necesaria para «preservar la democracia», por tratarse de un partido creado y dirigido por ETA y plegado a la estrategia terrorista. El fallo del 27 de marzo suspendió totalmente las actividades de la formación, advirtió de suspensión a la organización que intente continuar fraudulentamente las actividades, exigió la cancelación de la inscripción de Batasuna-EH-HB en el registro de partidos y ordenó la incautación y liquidación de todo su patrimonio. La resolución de este recurso, presentado por el abogado Iñigo Iruin el pasado 23 de abril, era en este momento el fallo prioritario del Constitucional, que pretendía dar a conocer la sentencia antes del próximo lunes, que es la fecha prevista para que el presidente del Gobierno convoque las elecciones generales. La prioridad deriva de un compromiso del propio tribunal con la representación de Batasuna. La Sala Segunda, en el fallo por el que rechazó el pasado mes de julio la suspensión cautelar de la sentencia del Supremo, medida que había pedido Iruin a la espera de la resolución definitiva del recurso, se comprometió, no obstante, a «acelerar» los trámites, anteponiendo el recurso en el orden de señalamientos y adelantando el momento de dictar sentencia. El objetivo era y es que el partido llegue a la convocatoria de elecciones generales sabiendo que no puede presentarse a los comicios. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón investiga a empresarios del País Vasco por financiar de forma voluntaria a ETA. Sus nombres figuran en un listado de «donantes» intencionados encontrado en poder del ex jefe de los comandos operativos de la banda Francisco Javier García Gaztelu, Txapote , que fue detenido en la localidad vascofrancesa de Anglet el 22 de febrero de 2001. El magistrado estima que dar dinero a ETA podría constituir delito de colaboración con banda armada. Estas indagaciones se enmarcan dentro de una instrucción mucho más amplia sobre las finanzas de ETA y que el juez Garzón lleva a cabo en riguroso secreto desde el año 1998. Desde entonces, ha interrogado en su despacho a decenas de industriales extorsionados o que han entregado dinero a los recaudadores de la banda. Una de las ramificaciones del proceso investiga a industriales vascos que habrían efectuado de forma deliberada pagos a los terroristas, bien por su disposición a colaborar con la «construcción de Euskal Herria» o, simplemente, para mostrar su «conformidad» y eludir las eventuales complicaciones que acarrea revelarse contra la extorsión.