La Subdelegación sancionó a 42 empresas por contratación irregular de inmigrantes
La Subdelegación del Gobierno en León sigue manteniendo la presión sobre las empresas que incurren en infracciones en la contratación de trabajadores inmigrantes. Durante todo el año pasado fueron sancioandas 42 empresas a las que se ha levantado actas por parte de la Inspección de Trabajo por vulnerar la Ley de Extranjería respecto al trabajo realizado por trabajadores inmigrantes, según los datos facilitados por esta institución, por lo que el mercado laboral sumergido que favoreció la Ley de Extranjería del año 2000 aún se mantiene en la provincia. El subdelegado, Víctor Núñez, se comprometía hace dos años a «intensificar» las inspecciones sobre la contratación irregular de inmigrantes, si bien el número de empresas controladas en el 2003 fue prácticamente la mitad que en el 2001: 173 frente a 370. Donde sí se están encontrando ciertas irregularidades es en elproceso de contratación de inmigrantes en los países de origen por parte de empresas leonesas que o no existen finalmente o buscan trabajadores en condiciones laborales más que precarias, aseguran desde el área de Trabajo de la Subdelegación. Redes desarticuladas Este tipo de casos ya han sido detectados en varias ocasiones y, en consecuencia, las empresas o redes fueron desarticuladas. Sin embargo, las mismas fuentes matizaron que son muy pocos los extranjeros que se deciden a denunciar este tipo de situaciones. No obstante, desde la Administración se están poniendo ya todo tipo de facilidades para que los afectados colaboren a cambio de recibir ciertas facilidades en la tramitación de sus expedientes para conseguir un permiso de residencia y trabajo en la provincia. El Código Penal, en su artículo 311, sanciona con prisión de 6 meses a 3 años y multas de 6 a 12 meses a aquellos empresarios que, abusando de la situación de necesidad, impongan a los trabajadores a su servicio condiciones laborales que perjudiquen los derechos que se les reconozca legalmente, configurándose esta conducta penal como un delito contra los derechos de los trabajadores. Tráfico ilegal Este mismo artículo penaliza con iguales sanciones las diversas manifestaciones que puede presentar esta conducta y así, de manera específica, el tráfico ilegal de mano de obra, la inmigración clandestina, el reclutamiento de personas a las que se ofrece un empleo o condiciones de trabajo falsas, etcétera, actitudes todas ellas regidas por la misma finalidad: obtener un beneficio del drama humano que en innumerables ocasiones representa la inmigración. Además de la sanción penal del delito, la Administración puede imponer sanciones a los empresarios en cantidades que superan los 3.000 euros por cada trabajador no dado de alta en el sistema de la Seguridad Social, e igualmente reclamarles el pago de las cuotas no satisfechas. Trabajo da facilidades para agilizar la regularización de los inmigrantes que denuncien ilegalidades en el ámbito laboral