El desarollo de los dos frentes judiciales va favoreciendo a los municipios

La batalla legal desencadenada por la pretendida línea de alta tensión ha adquirido tintes muy complejos, en parte por los diferentes frentes judiciales que todavía están abiertos al margen del procedimiento que se sigue en la Comisión Europea por la queja de los municipios afectados. El primero de los procesos se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Los ayuntamientos de Burón, Boca de Huérgano y las juntas vecinales de Riaño, Burón, Liegos y Lario presentaron un recurso contencioso administrativo contra la resolución que autorizaba el proyecto de ejecución de la línea eléctrica. Las secciones sexta y octava de este tribunal ya han resuelto los recursos del municipio de Burón y los de las pedanías de Riaño y Burón anulando la citada resolución. Es más que probable que el resto siga el mismo camino, dado que las dos secciones han coincidido en sus argumentos para prohibir la ejecución del proyecto. Aunque ya es un mal precedente para REE, la compañía presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Ahora tendrán que personarse las partes y, posteriormente, el alto tribunal emitirá su resolución. Por otro lado, el segundo ángulo judicial se tramita en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid. Los alcaldes de Boca de Huérgano, Burón, Maraña y Riaño dictaron en su momento varios decretos de paralización de las obras, que fueron recurridos por REE y el Estado para solicitar a su vez que se acordase la medida cutelar de suspender la ejecución de dichos decretos. La suspensión fue denegada para todos, por lo que las obras siguen paradas. Los decretos están pendientes de sentencia. Además, REE denunció penalmente en su día a alcaldes y pedáneos por amenazas y coacciones. El juzgado y la Audiencia de León lo han archivado.