El tendido no se hará por Picos pese a la argucia legal planteada por el Estado

La proyectada línea eléctrica de alta tensión entre Lada y Velilla del Río Carrión a través del Parque Regional de Picos de Europa sólo podría ser construida si la Comisión Europea aceptase la sutileza legal planteada por el Gobierno, algo descartado. Su estrategia sería conseguir que se aplique el artículo 6.4 de la Directiva de Hábitats, que, excepcionalmente, permite hacer proyectos que tengan una utilidad pública de primer orden, incluso si su impacto medioambiental es negativo y siempre que no existan soluciones alternativas. Pero la Comisión Europea ha sido contundente y, en una respuesta a la eurodiputada de IU María Bergar Conesa, deja claras tres incógnitas: la línea de alta tensión, tal y como está proyectada, no se ejecutará; su trazado tendrá que contar con un exhaustivo informe de impacto en los ecosistemas, sobre todo en lo referente a la conservación de los hábitats naturales de la flora y la fauna y, tercera cuestión, los promotores deben dar prioridad al consenso con los municipios que atraviese. La abogada de los ayuntamientos afectados, Carolina Franco, en consonancia con la opinión del catedrático de Derecho Administrativo Carlos González-Antón, desveló a este periódico la pretensión de las autoridades españolas de obtener la aplicación del artículo 6.4 por parte de la Dirección General de Medio Ambiente de la UE, circunstancia que habría sido puesta encima de la mesa durante la última reunión que representantes del Ministerio de Economía y de REE mantuvieron con altos cargos de la UE. El encuentro fue desarrollado a espaldas de los gobiernos de Castilla y León y de Asturias y se llevó a cabo en el marco de la queja tramitada ante la comisión por parte de los municipios leoneses afectados. Este órgano europeo convocó a representantes del Gobierno español para escuchar de nuevo sus argumentos en favor de la línea. Esto ocurre después de que la comisión hubiera apoyado las tesis de los ayuntamientos en un dictamen que publicó en abril del año pasado y por el que se daba un plazo de dos meses a España para modificar el trazado del tendido. De no hacerlo, el Estado sería demandado ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que es el que impone las sanciones económicas a los países. Han pasado nueve meses y Europa ha reiterado la necesidad de hacer un estudio de impacto ambiental ejemplar, según explicó el secretario general de la Consejería de Medio Ambiente, José Manuel Jiménez. A este respecto, el catedrático Carlos Antón-González subrayó que «existe la opción cero» para un estudio medioambiental, lo que implicaría descartarlo sin posibilidad de correcciones. «No sólo es sólo un trámite a superar», dijo. Advertencia vía carta Carolina Franco, de la consultora Ecourban, a través de una carta dirigida a la comisaria de Medio Ambiente, Margor Wallström, y del director general del Servicio Jurídico de la Comisión Europa, Michel Petite, en nombre de la Mancomunidad Montaña de Riaño, ha informado que existen soluciones alternativas, por lo que solicita que se descarte la posibilidad de aplicar el artículo 6.4 de la Directiva de Hábitats, normativa en la que, por otro lado, se están sustentando algunos argumentos de la UE para rechazar la construcción del tendido a través del Parque Regional de Picos de Europa. En la misiva, la abogada de la mancomunidad solicita «que no se acepten las presiones políticas que pongan en peligro el medio ambiente y el futuro de la zona».